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DIPUTADOS ENVÍAN AL EJECUTIVO LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

Diputados envían al Ejecutivo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
FOTO: CORTESÍA CÁMARA DE DIPUTADOS Photo VER FOTOGALERÍA
Será el instrumento que podrá aplicarse a menores de edad que cometan o hayan cometido algún delito: Ibarra Hinojosa
15.06.2016 12.00 AM

El Pleno cameral avaló el dictamen a la minuta del Senado de la República que expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual deberá aplicarse a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Por ningún motivo, precisa el documento aprobado por 460 votos en lo general, una persona menor de edad podrá ser juzgada en el sistema de justicia para adultos, por la atribución de un hecho que las leyes penales señalen como delito, si fue cometido cuando era adolescente.

Con la ley, se prohíben todos los actos que constituyan tortura contra adolescente, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria. Las autoridades deberán garantizar su seguridad física, mental y emocional.

El documento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, precisa que no podrá ser sancionada ninguna persona adolescente más de una vez por el mismo hecho y quedan prohibidas las sanciones colectivas.

Con el ordenamiento, se garantizan los derechos humanos a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos, y establece las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema integral de justicia para adolescentes.

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, señaló que la finalidad de la ley es permitir que exista en el territorio nacional un instrumento jurídico especializado que pueda aplicarse a las personas de entre 12 y 18 años, que cometan o hayan cometido algún delito.

Este ordenamiento a favor de los menores de edad, dijo, busca implementar y fomentar el uso de los acuerdos preparatorios y de la suspensión condicional del proceso, como salidas alternas a los procedimientos.

Se establecen los procedimientos para que se garanticen los derechos humanos a quienes han cometido un delito, de acuerdo a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, velando en todo momento por el interés superior a la niñez.

Además, marca que la sanción máxima de prisión sea de 5 años y como una medida extrema de último recurso, privilegiando otras soluciones para su reinserción, como sesiones de asesoramiento colectivo, supervisión familiar y libertad asistida, entre otras.

La ley también busca fortalecer el vínculo del adolescente con su familia, ya que la hace partícipe para que lo acompañe en todo su proceso.

En los posicionamientos, el diputado Abdies Pineda Morín (Encuentro Social) resaltó que dolorosamente la niñez está participando cada vez más en la delincuencia organizada pues, entre 2012 y 2013, el Ejército detuvo a 473 menores, y según la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, habría 30 mil menores de edad dedicados al tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, contrabando, piratería y asesinatos, hechos que serían pagados entre los mil y tres mil dólares.

Además, un informe de la organización “Infancia en Movimiento” señala que en los últimos años creció en un 34 por ciento la detención de menores por delitos graves, y que el 70 por ciento de las aprehensiones tuvo que ver con homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas, robo y lesiones graves. “Esperamos que con esta reforma se evite que estos centros especializados continúen siendo escuelas de delito”.

Por Nueva Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre puntualizó que esta ley tiene un gran mérito, pues responde a la necesidad de garantizar para los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que han cometido delitos, un sistema de justicia que privilegie el interés superior de la niñez cuando tengan que ser juzgados, además contempla los derechos específicos que la Constitución reconoce para los menores de edad.

“Son muchos los menores que por alguna razón han delinquido, y desafortunadamente viven una dolorosa realidad al enfrentar un sistema penal que no les proporciona una opción verdadera para reintegrarse de manera digna y productiva a la sociedad. Por ello, la importancia de esta ley que en 266 artículos establece las reglas generales y principios que normarán el sistema integral de justicia para adolescentes”, añadió.

Jonadab Martínez García, legislador de Movimiento Ciudadano, expresó que hoy se prioriza el tema de impartición de justicia a adolescentes, pero “no hemos legislado a favor de oportunidades para ellos, como de empleo y de educación. Hoy en día, el 1.4 por ciento de las niñas y niños en el país ya labora en la edad de 5 a 9 años y el 46 por ciento de nuestros niños de cero a 17 años de edad no estudia”.

Subrayó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es un paso de vital importancia en el sistema penal mexicano, y su implementación es favorable porque al homologar el lenguaje utilizado por el Constituyente en la reforma de 2008, facilita el proceso en materia de justicia para adolescentes, en el sistema acusatorio y oral.

De Morena, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez consideró que con la ley se establecen reglas y principios mínimos, a partir de los cuales se estructura un sistema de justicia especializado, destinado a garantizar los derechos a la libertad, a la igualdad y la seguridad jurídica que deben privar en todo Estado de derecho para cualquier persona, incluyendo aquellas menores de 18 años.

En el ordenamiento, quedan las características que debería revestir el procedimiento en materia de justicia para adolescentes infractores, consideran sus derechos, como a la participación, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y a la procuración de justicia donde se ventilan los asuntos que les competen.

La diputada Lía Limón García (PVEM) sostuvo que la ley adopta un régimen garantista, el respeto a los derechos del adolescente, el interés superior de la infancia y la reinserción de éste a su familia y su comunidad, como principio fundamental.

Se reconoce de manera muy importante la función preventiva de las familias y el ámbito escolar, y se involucra a las autoridades directivas de los planteles de educación, quienes deberán promover valores y respeto y coadyuvar en el desarrollo de las aptitudes de los menores.

A su vez, el perredista Jesús Valencia Guzmán refirió que este ordenamiento no criminaliza de ninguna manera a la niñez y adolescencia sino, por el contrario, protege los derechos del adolescente y salvaguarda a las víctimas u ofendidos por la realización de hechos delictivos.

No obstante lo anterior, afirmó, es necesario perfeccionar las disposiciones relativas al régimen especial de la prescripción de los delitos que se contemplan y pidió instalar a la brevedad la mesa de discusión que podrá coadyuvar en la construcción de nuevos acuerdos en beneficio de los jóvenes en conflicto con la ley.

En representación de Acción Nacional, el diputado José Hernán Cortés Berumen expresó su voto a favor, ya que la norma descriminaliza las conductas antisociales de los jóvenes y dispone mecanismos apegados al nuevo régimen de derechos humanos para garantizar el tratamiento preventivo, como la interacción por el tiempo estrictamente necesario, con miras a la plena inserción del joven a la sociedad.

“Este día daremos un sentido diferente a aquellos jóvenes que por razones de circunstancia, familia o condición se equivocaron, pero que como todos los seres humanos merecen la oportunidad de corregir y de continuar el camino en la búsqueda de un mejor vivir”, expresó.

El priista Abel Murrieta Gutiérrez afirmó que este instrumento legal es de suma importancia, ya que complementa la reforma constitucional del 2008 y contribuye a una correcta procuración y administración de justicia, pues se regirá bajo los principios y características del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Aseguró que en la nueva ley prevalece el principio de presunción de inocencia, respecto de sus derechos humanos; impera el interés superior del niño y la protección por tratados internacionales; se acaba con la práctica que se ejecutaba de remitir inmediatamente a un menor cuando se presentaba como delincuente, siendo que todavía ni siquiera era juzgado.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) indicó que la aprobación de este dictamen garantiza la protección de los menores privados de la libertad y la prevención de la delincuencia juvenil, ya que se transita hacia un modelo tutelar y se coloca a los menores para que asuman su responsabilidad, frente a la comisión de conductas delictivas.

La perredista María Cristina Teresa García Bravo mencionó que con este nuevo sistema habrá una transformación radical, disminuirán los altos índices de corrupción que existen en la impartición de justicia y los juicios serán más transparentes y equitativos. Además, es una alternativa para disminuir el número de adolescentes que se encuentran internados en los 56 centros de tratamiento, cuya población asciende 4 mil 734.

Con 388 votos a favor y 57 en contra, el Pleno aprobó, en términos del dictamen, las reservas a los artículos 22, 46, 51, 55, 59, 75, 102, 164, 266 y décimo quinto transitorio de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“Hoy se prioriza el tema de impartición de justicia a adolescentes, pero no hemos legislado a favor de oportunidades para ellos, como de empleo y de educación.”
JUSTICIA PARA ADOLESCENTES /

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