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ENVIÓ CNDH VISITADORES A INVESTIGAR LO OCURRIDO EN TOPO CHICO

Envió CNDH visitadores a investigar lo ocurrido en Topo Chico
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El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, determinó atraer el caso; condena la violencia y apoyará a las víctimas y a sus familiares
11.02.2016 10.00 AM

Al considerar que los hechos ocurridos en el penal de Topo Chico, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pudieran generar precedentes negativos en la tutela de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, determinó atraer el caso, abrir un expediente de oficio e investigar los acontecimientos en que perdieron la vida decenas de personas y otras más resultaron heridas.

De igual manera, demandó a implementación de medidas cautelares con el fin de que se brinde todo tipo de atención médica a los heridos, se dé total apoyo a los deudos de las personas fallecidas, así como atención médica y psicológica, además de orientación jurídica, y se verifiquen las condiciones de hacinamiento, control y seguridad en ese penal.

Por ello, esta Comisión Nacional decidió el envío de visitadores adjuntos y peritos, encabezados por la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, para obtener información sobre lo acontecido, conocer el estado de salud de las personas heridas y sus testimonios, recabar documentos oficiales y allegarse indicios de prueba que permitan establecer la verdad de los hechos.

La CNDH reitera su condena a la violencia, sin importar de dónde provenga, y demanda a las autoridades el pleno esclarecimiento de los hechos y que se aplique la ley con rigor a quienes resulten responsables de este evento que agravia a todos los mexicanos.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, el penal estatal denominado Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, en Nuevo León, obtuvo una calificación promedio de 5.72, tras la evaluación de los “Aspectos que garantizan la integridad física y moral de interno”, donde obtuvo 4.74; “Aspectos que garantizan una estancia digna”, 5.34; “Condiciones de gobernabilidad”, 4.44; “Reinserción Social del Interno”, 6.25, y “Grupos de Internos con Requerimientos Específicos”, 7.85.

La intervención de este Organismo Nacional en este caso inició con base en distintas notas informativas en que se destacó la gravedad de lo sucedido, así como en peticiones de familiares de internos y vecinos del lugar, para que se investiguen los hechos.

La atracción del caso tiene su fundamento en los artículos 20 y 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 156 de su Reglamento Interno.

Una vez integrado el expediente de queja y agotadas las investigaciones, la CNDH emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

Por su parte, la admnistración de Jaime Rodríguez "El Bronco", dijo que en el proceso de deslinde de responsabilidades se pedirá que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté de manera permanente en el centro penitenciario.

"La Autoridad estatal garantiza que los internos y sus familiares tengan la información oportuna y que en todos los procesos de deslinde se lleve a cabo el respeto irrestricto a los Derechos Humanos", completó.

Avala Peña apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad

En su cuenta de twitter, el Presidente Enrique Peña manifestó "mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en el Centro Estatal Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico". He dado indicaciones a la @SEGOB_MX, de apoyar al Gobierno de @nuevoleon vía la @CNSeguridadmx. Deseo una pronta recuperación a quienes resultaron heridos en los trágicos hechos ocurridos en este penal estatal".

Alrededor de la 01:30 horas de hoy y tras la intervención de la autoridad penitenciaria, la situación quedó bajo control"

Para el gobierno estatal, "en Nuevo León estamos viviendo una tragedia derivada de la situación tan difícil en que se encuentran los centros de reclusión. A las 23:30 horas del día de ayer, se reportó un enfrentamiento entre internos del penal del Topo Chico".

En un comunicado, refiere que el conflicto partió de una disputa entre los grupos liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, apodado "El Credo”, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias el “El Z 27”.

Comenta que durante el enfrentamiento varios reos prendieron fuego a la bodega de víveres, sin afectar las áreas de dormitorio.

Precisa que los hechos "se suscitaron únicamente en los sectores C-2 y C-3, el resto de las instalaciones se encuentran bajo control y sin registro de incidentes. Alrededor de la 1:30 horas de hoy y tras la intervención de la autoridad penitenciaria, la situación quedó bajo control", asegura.

Refieren que también desde esas horas "elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Federal, apoyan las tareas de vigilancia en el Penal del Topo Chico, y que está descartada la existencia de fuga o intento de ésta, así como el uso de armas de fuego".

Como parte del protocolo aplicable se estableció un cerco de seguridad alrededor del centro penitenciario y del resto de los penales del Estado.

De las primeras indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado se puede confirmar el fallecimiento de 52 personas y la existencia de 12 heridos que requirieron atención médica hospitalaria, entre ellos 5 de gravedad.

Entre los heridos de gravedad se encuentran Oscar Reynaldo Cazares González, Axel Lovato Mendoza, Jorge Alberto Aguirre Treviño y Hugo Roberto Escobar Rincón.

Asegura que no hubo infantes ni mujeres heridas.

El proceso de identificación de las víctimas continúa realizándose por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría.

"Por respeto a las familias esperaremos a tener certeza sobre la identidad de cada una de las personas fallecidas, que será dada a conocer en unas horas", asegura.

"El Gobierno de Nuevo León brinda atención personalizada a las familias de las víctimas y se hará cargo de la atención médica y funeraria que se derive de este lamentable hecho", ofreció.

Exige Cámara de Diputados puntual investigación en acontecimientos del penal de “Topo Chico”

La Cámara de Diputados exigió una puntual investigación de los lamentables acontecimientos generados en el Centro de Readaptación Social de la Zona Metropolitana de Monterrey, conocido como “Topo Chico”, en el estado de Nuevo León, así como la aplicación de la ley.

Al dar a conocer la declaración consensuada por los diversos grupos parlamentarios”, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, hizo llegar a los deudos de quienes fallecieron en esta tragedia humana la solidaridad de esta institución federal.

“Hacemos llegar a los distintos ámbitos de gobierno que están relacionados en las tareas de seguridad y readaptación social en Nuevo León, nuestro total respaldo para el esclarecimiento de estos hechos y el deslinde de las responsabilidades a las que haya lugar, apegados en todo momento al Estado de derecho”.

También exhortó a colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la investigación correspondiente y cumplir con las medidas cautelares para salvaguardar los derechos humanos.

Al inicio de la sesión, desde sus curules, diversos diputados hicieron referencia a los acontecimientos en el penal de “Topo Chico”, que dejó más de 50 reclusos fallecidos y 12 lesionados.

José Adrián González Navarro, diputado del PAN, dijo estar con los deudos y la gente que tiene hoy dolor en Nuevo León. “Queremos hacer un llamado enérgico al gobernador del estado para que dé la cara e inmediatamente les diga y dé respuesta a cada una de estas personas que está exigiendo por sus familiares”.

Pidió un minuto de silencio por todas aquellas personas que han perdido la vida.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN) recordó que desde el sexenio del ex gobernador Rodrigo Medina, hubo una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos donde “se decía que ahí en los penales se violaban los derechos de los reos. Entonces, exigimos que ya se termine esto y que haya paz y tranquilidad en Nuevo León”.

Por el PRI, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco expresó su solidaridad con todos los familiares “del hecho tan terrible con que el día de hoy despertamos como comunidad mexicana”. Solicitó al gobernador “nos pueda informar el estado en el que se encuentran las mujeres y los niños, porque el penal de Topo Chico es mixto donde tenemos niños y mujeres. A estas horas, no sabemos la cantidad de heridas, de muertas o de niños y la salud de los mismos”.

A nombre del PRD, la diputada Hortensia Aragón Castillo pidió emitir un posicionamiento de esta cámara y dio a conocer “su solidaridad con las víctimas y sus familiares”.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN) se unió a la petición de que esta cámara pueda hacer un minuto de silencio por todas estas personas que perdieron la vida por negligencia, y “que no es la primera vez que ocurre en el estado de Nuevo León. Si recordamos, el 19 de febrero del 2012 también hubo 44 muertos en el motín de Apodaca”.

Condena Senado acontecimientos en penal de Topo Chico

El Senado de la República lamentó y condenó los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Topo Chico, donde se registró un enfrentamiento entre internos, que dio como resultado la muerte de 49 personas y más de una decena de heridos, cinco de ellos de gravedad.

Asimismo, la asamblea hizo un llamado a las autoridades estatales de Nuevo León para que investiguen de manera pronta y expedita lo ocurrido y esclarezcan los hechos; además que se inicie una investigación en torno a las acciones y omisiones de los funcionarios penitenciarios y de seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes.

Del mismo modo, exhortó a las autoridades responsables a garantizar la reparación del daño de las víctimas de estos lamentable hechos y se brinden todas las atenciones a los familiares de los fallecidos.

También, se pidió a las autoridades locales que atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre la situación de este centro penitenciario.

Al dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de este órgano de gobierno, manifestó que los hechos ocurridos en el centro penitenciario son una afrenta al Estado de derecho y a las instituciones de seguridad y justicia.

Aseguró que desde el Senado de la República se trabaja en las reformas legales para transformar el sistema penitenciario, a la luz del nuevo sistema de justicia penal, y a cuatro meses de que venza el plazo constitucional para su implementación en todo el país.

Por ello, consideró necesario redoblar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los poderes de la Unión para concretar un sistema de justicia a la altura de las necesidades de México.

Gil Zuarth mencionó que el gobierno de Nuevo León debe asumir sus responsabilidades con los neoleoneses, y evitar que acontecimientos como este vuelvan a ocurrir, así como dar las explicaciones necesarias y deslindar claramente las causas y consecuencias de estos hechos.

Al respecto, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que ni el gobernador anterior ni el actual, ni el Ejecutivo federal, tomaron las previsiones para renovar el convenio que permitía a las Fuerzas Armadas tomar el control de los tres principales centros penitenciarios del estado, que venció en septiembre del año pasado.

Exigió que se renueve dicho convenio y se diga claramente quién es el responsable de que no se haya renovado, y en consecuencia, “quiénes son los responsables de esta gran tragedia que no es más que la gota que derrama el vaso de estos cuatro meses de crecimiento en la inseguridad”. Ya basta de las campañas proselitistas y que se dediquen a gobernar y dar seguridad a los neoleoneses, expresó.

En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Gerardo Flores Ramírez, dijo que Jaime Rodríguez Calderón se ha distraído de su responsabilidad de gobernar “para dedicarse a hacer giras por todo el país descuidando la tarea fundamental que tiene, que es la de velar por la seguridad de su población”.

Afirmó que el gobernador y su equipo de transición conocían el problema de la sobrepoblación en los penales de Nuevo León; sin embargo, resulta que no hubo una atención especial al mismo.

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que el trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el orden, la tranquilidad y la institucionalidad de los centros penitenciarios no pasa por una “persona independiente”, sino por un servidor público relacionado con las diversas instituciones.

Consideró esta situación como un “primer aprendizaje” “para que aquellos que aletean con el discurso de los independientes y que fomentan odios en contra de las instituciones políticas establecidas, lo piensen muy bien porque aquí nadie pude ser una isla”.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Graciela Ortiz González manifestó que con estos hechos se puso en riesgo la gobernabilidad del estado y la seguridad de los habitantes que rodean el penal de Topo Chico.

Mencionó que da la impresión de que esta tragedia es producto de un gobernador “que no está atendiendo su responsabilidad” de gobernar, pues sigue en campaña apoyando a los candidatos independientes de las entidades donde habrá elección. Por ello, le hizo un llamado a “sacar las manos de las campañas de todo el país”.

En tanto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que si se revisa el diagnóstico de la CNDH sobre el funcionamiento de estos centros, encontraremos cuáles son los puntos de preocupación que hoy derivaron en esta tragedia.

La senadora Martha Tagle Martínez comentó que es muy “fácil” condenar al Ejecutivo del estado y usar el tema para atacar a los independientes, “cuando todos tienen una responsabilidad por ser parte del Estado”.

Como parte del Estado, agregó, el Senado también tiene responsabilidad en esa masacre, así como todos los niveles de gobierno y los poderes de la Unión.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que esta situación pone en evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario, la ausencia de autoridad y cómo los grupos criminales detentan el gobierno de los penales.

Lamentó que el gobierno del estado no dé información puntual. Por qué la autoridad tardó, por lo menos cinco horas, para reaccionar, ¿fue un acto de negligencia, un acto de omisión o un acuerdo para permitir el enfrentamiento entre dos grupos delictivos que se disputan el gobierno de este centro de segregación social?, preguntó.

En su turno, el senador Javier Lozano Alarcón, del PAN, opinó que fue la “negligencia criminal, por parte de quien en teoría es el encargado del Poder Ejecutivo en el estado de Nuevo León”, la que ocasionó el enfrentamiento dentro del penal.

No estamos criticando la figura de los independientes, pero que tampoco se adornen los independientes de que son la salvación de México, porque “queda claro que se necesita de instituciones y la colaboración entre poderes, pues no se puede enfrentar a la delincuencia solos”.

Por último, el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD, lamentó la forma en que el gobierno local maneja esta crisis, pues la mejor forma de transitar en un problema de este tipo dar información, pero “se han manejado de manera casi secreta”.

Por ello, dijo, espero que no se estén acomodando las cosas “para que se cree una verdad histórica en el caso de Topo Chico, como luego ocurre. Se acomodan las cosas para dar la versión oficial”.

Los senadores acordaron que las comisiones de Gobernación y de Justicia, así como la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional den seguimiento a este caso.

“Investigará los acontecimientos en que perdieron la vida decenas de personas y otras más resultaron heridas.”

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