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MÉXICO, EN EL LUGAR 58 DE 59 PAÍSES CON MAYORES NIVELES DE IMPUNIDAD

México, en el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad
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El documento señala que el Estado mexicano en su conjunto es el responsable, y le pide acepte las recomendaciones de organismos internacionales regionales e internacionales
03.02.2016 11.21 AM

México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el Índice Global de Impunidad (IGI), hecho por la Universidad de la Américas Puebla y su Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ).

El documento señala que el Estado mexicano en su conjunto es responsable de los altos niveles de impunidad. "El Estado entendido no solo como el gobierno de la República que es depositario del poder Ejecutivo y tiene bajo su manto la responsabilidad del sistema de seguridad, el eslabón de la investigación de los delitos, la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda federal de los derechos humanos", considera.

Advierte que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de adecuar el sistema legal para impedir que existan vacíos legales que permitan la impunidad, asignar el presupuesto a las instituciones de seguridad y justicia y auditar el buen ejercicio del gasto y los resultados de las mismas, y que también los congresos locales tienen la responsabilidad de velar por presupuestos suficientes para la seguridad y justicia y mejorar los mecanismos de evaluación de resultados y supervisión del gasto correcto en estas materias.

Recuerda que el Poder Judicial debe ser independiente del poder político para administrar la justicia de manera pronta y expedita y que los gobiernos estatales, congresos y poderes judiciales locales son los primeros responsables de atender las demandas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos para acotar el problema de la impunidad.

Reitera que la delincuencia organizada y la impunidad tienen relación. En seis estados en los que pidieron apoyo de la federación para combatir a la delincuencia organizada, y en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, se encontró impunidad muy alta (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango).

Los otros dos estados (Sinaloa y Chihuahua) presentan estadísticas de impunidad alta y media respectivamente.

El documento enfatiza en que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Los países con altos niveles de impunidad son susceptibles de tener episodios nacionales de violaciones graves a los derechos humanos.

Los estados de la República no deben compararse entre sí llanamente para resolver sus problemas de impunidad a pesar de que la impunidad en México es generalizada. Deben analizarse en su contexto, pero a la luz de las mejores prácticas nacionales y globales.

Bajar los índices de impunidad repercute en un mayor bienestar económico. Los estados que bajen sus índices de impunidad serán mayormente susceptibles a la recepción de inversiones del sector privado, alentarán el establecimiento de empresas pequeñas y medianas, generando mayor número de empleos y mejorando los niveles de bienestar económico de su población.

Las instituciones de justicia y el sistema penitenciario deben ser sujetos a mayores niveles de evaluación por parte de los congresos locales así como de la sociedad en general.

La sobrepoblación penitenciaria, las carencias humanas, físicas y tecnológicas de los centros de readaptación social incentivan la corrupción y vulneran su seguridad.

Las autoridades judiciales locales deben ser completamente autónomas de los gobiernos ejecutivos estatales. Sin embargo, mayor autonomía no significa menor opacidad o falta de evaluación y escrutinio público. Por el contrario, los poderes judiciales estatales deben avanzar en sus políticas de transparencia y gobierno abierto.

La impunidad va de la mano con la delincuencia organizada. Los estados de la República con presencia importante de la delincuencia organizada tienen índices de impunidad muy altos (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Durango). Chihuahua se encuentra dentro de los índices de impunidad promedio en el país. En estos estados se implementaron operativos conjuntos del gobierno federal y estatal por la presencia de importantes organizaciones de la delincuencia organizada.

El equipo redactor del IGI-MEX considera que las estadísticas sobre violaciones graves a los Derechos Humanos, provenientes de las comisiones estatales de Derechos Humanos, no son confiables y por ello no se incluyeron para la construcción de este Índice. Es probable que la mayor parte de las comisiones estatales de Derechos Humanos no se han adaptado a la Reforma Constitucional de 2011. El Cesij realizará estudios en la materia para investigar esta situación que puede derivar en un problema de autonomía de las propias comisiones estatales y lo que sería aún peor de impunidad estadística en materia de Derechos Humanos. Sin embargo, los informes especiales de la CNDH sobre violaciones graves a los derechos humanos y casos de impunidad serán utilizados para los análisis cuantitativos y cualitativos del Centro.

Los países que han aceptado la cooperación internacional y han aceptado la evaluación de sus políticas para mejorar sus sistemas de seguridad y justicia, como los países de recién ingreso de Europa del Este en la Unión Europea, han visto grandes avances para la reducción de la impunidad en los últimos años. La participación de Naciones Unidas en Guatemala para atender el problema de la impunidad es otro caso de éxito sujeto de análisis. Por lo anterior, sugerimos fuertemente que el Estado mexicano acepte las recomendaciones de organismos internacionales regionales e internacionales especializados en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos.

Recomendaciones

-Implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local. El nuevo sistema de justicia penal puede fracasar si los elementos operativos y administrativos de seguridad locales no están debidamente capacitados y cuenten con un sistema de profesionalización funcional que reduzca los espacios de corrupción e impunidad.

-Revisar la autonomía, capacidades y funcionamiento de las instituciones de justicia en los estados. Los magistrados y jueces a nivel estatal deben garantizar su independencia de los poderes políticos en la entidad.

-Garantizar la autonomía política de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de Justicia estatales con base en los mandatos de las reformas a la Constitución.

-Evaluar las capacidades y funcionamiento del actual sistema penitenciario a la luz de los cambios derivados del nuevo sistema de justicia penal.

-Revisar la autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos frente al poder político. Evaluar su desempeño a la luz de la Reforma Constitucional de 2011 y estandarizar la generación de información estadística en la materia a nivel nacional.

-Limitar al máximo los espacios de impunidad que permite la legislación a los servidores públicos federales, estatales y municipales.

-Asimismo, castigar con fuerza a los agentes privados que favorezcan la corrupción y el conflicto de intereses en el gobierno.

-Aceptar e implementar las recomendaciones en materia de seguridad, justicia y Derechos Humanos que formulen al Estado mexicano las agencias del sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como de la CNDH. También se deben analizar y dar seguimiento a las recomendaciones que distintas organizaciones de la sociedad civil y academia hacen en estas materias.

-Fortalecer las fiscalías especializadas en delitos graves. Los delitos que más agravian a la sociedad y que no son castigados reproducen el fenómeno de la impunidad.

-Promover y proteger el ejercicio de la profesión del periodismo independiente.

-Sanciones ejemplares, con base en la ley, cuando se presenten casos de conflicto de interés por parte de los servidores públicos en el uso de recursos públicos o de facultades legales.

-Promover políticas públicas de justicia cotidiana. Aunque la propuesta de justicia cotidiana excluye los delitos penales, es crítico que se promueva la justicia en los ámbitos laboral, familiar, civil, mercantil, vecinal y administrativo. Cuando las personas no tienen acceso a la justicia en estas esferas de la convivencia social, la justicia en materia penal puede ser obstaculizada.

-Promover iniciativas de gobierno abierto. Los ciudadanos libres que promueven plataformas de acceso a la información, con datos públicos y privados, pueden reducir los márgenes de corrupción e impunidad de las autoridades y los actores privados. Por lo tanto promueven el bienestar socioeconómico personal y social.

-Mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre autoridades y órdenes de gobierno. Las autoridades locales son los principales responsables de la seguridad y la justicia de su población. Lamentablemente existen condiciones históricas, nacionales y geográficas que promueven la delincuencia organizada, la inseguridad y la violencia. Los gobiernos estatales y municipales ya no pueden esgrimir esta condición de vulnerabilidad por factores exógenos. Las autoridades en los tres niveles de gobierno están obligados a cooperar y coordinar sus recursos y esfuerzos en materia de seguridad y justicia.

-Fortalecer y dotar de mayor autonomía a las áreas de evaluación de políticas de seguridad, justicia y Derechos Humanos al interior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Judicatura Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-Implementar las recomendaciones en materia de seguridad pública que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los estados y a la federación. Ejercer acciones judiciales contra servidores públicos que han cometido probables ilícitos denunciados por la ASF en materia de sus responsabilidades en el ejercicio de presupuestos y funciones de seguridad pública. Es indispensable mejorar la fiscalización de recursos en materia de seguridad y unificar los criterios para evaluar que el ejercicio del gasto cumpla con sus objetivos.

-Implementar mecanismos de evaluación más efectivos. Resulta indispensable garantizar la evaluación de los sistemas de seguridad pública y el sistema de justicia tanto en sus fases de formulación e implementación como en el proceso de gestión. De igual forma, se requiere integrar evaluación de impacto que permita medir si las acciones implementadas alcanzan los objetivos establecidos.

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“El equipo redactor del IGI-MEX considera que las estadísticas sobre violaciones graves a los Derechos Humanos, provenientes de las comisiones estatales de Derechos Humanos, no son confiables.”

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