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ALERTAN ORGANIZACIONES RETROCESO CON REFORMA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Alertan organizaciones retroceso con reforma a la Ley de Obras Públicas
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"Contiene provisiones contrarias a las mejores prácticas internacionales y que diluyen los adelantos logrados hasta ahora en materia de transparencia y rendición de cuentas", indican
21.09.2015 12.20 PM

Organizaciones de la sociedad civil externaron hoy su preocupación por el nuevo borrador de dictamen de Reforma a la Ley de Obras Públicas, emitido el pasado 31 de agosto por las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos del Senado, con opinión de la comisión Especial de Productividad, argumentando que éste pone en riesgo conquistas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Según Causa en Común, el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Red por la Rendición de Cuentas y Transparencia Mexicana, el dictamen propuesto contiene provisiones contrarias a las mejores prácticas internacionales y que diluyen los adelantos logrados hasta ahora en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) presentes señalaron que a pesar de la apertura que el Senado ha tenido para escuchar sus propuestas y mantener un diálogo abierto, este segundo borrador mantiene propuestas del Poder Ejecutivo que habían sido ratificadas prácticamente sin discusión en la Cámara de Diputados el año pasado, pero antes de que se aprobaran el Sistema Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción.

El primer problema señalado es que el borrador de dictamen del Senado mantiene un amplio régimen de excepciones a la misma Ley, que no garantiza mecanismos ni procedimientos adecuados para promover las mejores condiciones de contratación para el Estado Federal mexicano en cuanto a precio, calidad y oportunidad de las obras. “De esta manera, esta Reforma permitiría esquemas para eludir las licitaciones públicas, facilitar contrataciones amañadas y evadir obligaciones de transparencia”, expresó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.

De manera muy particular, preocupa que esta Reforma busque que cualquiera de los “entes de carácter federal”, que suman alrededor de 300, pueda ser exceptuado de cumplir con la Ley de Obras y contar con su propio régimen. De esta forma, se fragmentaría la normatividad en 300 ordenamientos dificultando la comprensión de las reglas del juego para los actores relevantes, perdiéndose certeza jurídica, ya que al no tener carácter de ley, los regímenes podrían cambiarse continuamente.

La piedra angular en la que se funda el Sistema Nacional Anticorrupción parte de una visión “sistémica” de la política pública de rendición de cuentas. La Red por la Rendición de Cuentas, que agrupa a más de 90 organizaciones académicas, civiles y autoridades, documentó que la fragmentación legal hace más difícil uniformar los procesos por medio de los cuales los gobernantes toman decisiones, complicando así la rendición de cuentas. En este contexto, es preocupante que se pretenda aprobar una ley que plantea una fragmentación legal.

Además, “históricamente, las obras públicas exentas de cumplir con la Ley de Obras Públicas han tenido los peores resultados”, consideró Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad. Así, 67% de todas las observaciones graves al ejercicio de recursos públicos que ha realizado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), es decir, aquellas que infieren daños al erario, se refieren al manejo de los fondos de los Ramo 33 y 23, y en la Ley vigente, las contrataciones que se financien con recursos del Ramo 33 están exceptuadas de cumplir con esta Ley. La ASF documentó además que las contrataciones públicas financiadas con recursos de este Ramo se caracterizan por su mayor proporción de concursos por invitación restringida y adjudicaciones directas, así como por su elevado número de convenios modificatorios a los contratos.

Otro riesgo que presenta el borrador de dictamen es que permite que se exceptúe el uso de CompraNet a criterio de la Secretaría de la Función Pública, sin establecer en qué tipo de casos eso podría ser pertinente. “Se abre así una nueva puerta a la discrecionalidad para dificultar la fiscalización de los recursos y el escrutinio público que efectúen los terceros”, explicó Max Kaiser, Consultor en contrataciones públicas.

Adicionalmente, sin justificación alguna y en contra de lo señalado por las buenas prácticas internacionales, la Reforma mantiene a las contrataciones por adjudicación directa en la opacidad al no establecer obligaciones de transparencia para ellas.

Es importante señalar que mandatar la publicación de la información de los procedimientos de contratación no es suficiente para garantizar la transparencia de la información. Lamentablemente, no hay mecanismos efectivos de cumplimiento de estas obligaciones, como lo demostró una investigación de México Evalúa, en la que se constató que 40.4% de los fallos de una muestra aleatoria y representativa de procedimientos de contratación de contratos de 100 millones de pesos y más que tuvieron lugar en 2014 no se publicó en CompraNet. “Esta situación hace imposible verificar el nivel de competencia efectiva en los procedimientos de contratación, lo que promueve la simulación de licitaciones”, concluyó Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

Un tercer riesgo identificado por las OSCs en el borrador de dictamen es que pretende reducir el universo de procedimientos obligados a publicar el diseño de la convocatoria y disminuir el lapso en que los proyectos de convocatoria son públicos. “Esto contribuye a restringir la ventana de oportunidad para retroalimentar dichas convocatorias y, últimamente, amplía las posibilidad de manipulación de las convocatorias para dirigir los resultados de una licitación”, manifestó Edmundo Gamas, Director General del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura.

“Los recientes escándalos relacionados con obra pública han lacerado la confianza en las autoridades y en este importante sector”, resaltó por su parte María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común. Por lo anterior, los legisladores, el gobierno, la industria y la sociedad civil deben prestar especial atención a la Reforma a la Ley de Obras Públicas para que ésta incorpore las mejores prácticas internacionales y se materialice así una verdadera política anticorrupción.

“Esta Ley es una de la principales piezas de política pública para definir si se puede resarcir la confianza, incrementar el flujo de inversión y mejorar la eficiencia y eficacia en las contrataciones del Estado”, comentó Edmundo Gamas, Director General del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura. De no modificarse el borrador de dictamen, se incrementa el riesgo de que se repitan experiencias como las de la Estela de Luz, el Parque Bicentenario, la Línea 12 del metro o el Viaducto Bicentenario, donde la ineficiencia y la discrecionalidad en la contratación y ejecución de los contratos derivaron en malos resultados.

Por lo tanto, exigieron al Senado reconsiderar las excepciones mencionadas, tomar en cuenta las observaciones y recomendaciones sobre el borrador en comento que entregarán esta misma semana al Senado y procurar mejorar la Ley en lugar de promover su obsolescencia.

“Mantiene propuestas del Ejecutivo ratificadas prácticamente sin discusión por diputados, pero antes de que se aprobaran el Sistema Nacional de Transparencia y el de Anticorrupción.”

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