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URGEN A TRANSFORMAR DE FONDO SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Urgen a transformar de fondo servicios de transporte público
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Apunta el GDF que aplicará un impuesto por vehículo a aplicaciones como Cabify y Uber; expertos recuerdan que el usuario debe ser el beneficiario de la competencia
01.07.2015 3.16 PM

Funcionarios, especialistas y representantes de organizaciones en materia de movilidad urbana manifestaron la necesidad de establecer un marco jurídico que regule los servicios que ofrecen empresas como Uber y Cabify, mientras que el gobierno capitalino prevé un pago de derechos anual por unidad a éstas.

Durante el “Diálogo nuevas Tecnologías y movilidad: Aplicación y regulación en ciudades y zonas metropolitanas”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, Rufino León Tovar, titular de la Secretaría de Movilidad, explicó que el impuesto está en análisis y sería más alto que el refrendo que actualmente pagan los concesionarios de taxis tradicionales, además de que obligaría a las apps a abrir sus bases de datos sobre sus afiliados.

Mientras expertos se pronunciaron por mejorar el regulación de taxis tradicionales a fin de generar una competencia en el sector que beneficie a los usuarios, el esquema descrito por De León prevé que los taxis tradicionales puedan desarrollar aplicaciones para mejorar su servicio pero no detalla si deberán emitir facturas.

Para Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la regulación debe adaptarse a la nueva realidad y no inhibir la innovación ni generar ventajas o distorsiones para los prestadores de los nuevos servicios.

La regulación, precisó, tiene que favorecer la competencia, considerar las características propias de cada servicio y procurar que el beneficio social sea superior a sus costos de cumplimiento, pues sólo así es como se beneficia al consumidor.

Dijo que las nuevas tecnologías han demostrado ser eficientes para resolver problemas del mercado y no son contrarias al interés público, por lo que preguntó si deben encontrar cabida en el marco jurídico actual o éste es el que debe ajustarse para reconocer los beneficios que ofrecen las nuevas plataformas.

Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, opinó que este es el momento adecuado para discutir cómo se puede mejorar la regulación del servicio tradicional de taxis y la manera de incluir en el marco normativo la nueva modalidad de transporte que ofrecen empresas como Uber.

Señaló que se trata de dos servicios distintos y ambos son esquemas que generan opciones de movilidad a los consumidores, por lo que ambos tienen que existir en el mercado, convivir y competir.

Indicó que la Comisión ha recomendado al Gobierno del Distrito Federal y al de otros estados que se reconozca formalmente la nueva categoría de modalidad de servicio de transporte y limitarse a tutelar objetivos elementales como el de seguridad y protección del usuario, la obligatoriedad de acreditar la existencia de un seguro de cobertura amplia y la revisión de capacidades y antecedentes de los conductores.

Asimismo, se tienen que evitar restricciones a la competencia, tales como la necesidad de utilizar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales con placas especiales o cromáticas; además, consideró importante no regular los esquemas tarifarios, pues sería pensar que el servicio es equivalente al de taxis tradicionales, lo cual no es así.

Rodrigo Arévalo Sánchez, gerente general de Operaciones de Uber, aseguró que la industria de redes del transporte permite empoderar al ciudadano, pues da alternativas para una movilidad más eficiente y efectiva, y genera ingresos más dignos y mayores para los socios conductores.

Destacó que uno de los objetivos del uso de las tecnologías es eliminar la necesidad de tener un carro propio. No es ningún secreto, agregó, la estadística muestra que cada auto particular mueve sólo 1.2 personas por día, en tanto que cada unidad de Uber puede movilizar a más de 18 personas al día.

Lo anterior representa beneficios como eliminación del 25.30 por ciento de automotores, con la consecuente disminución del tráfico y erradicación del caos vehicular, pero además permitirá aumentar la derrama económica, pues ya no habrá pérdidas de horas trabajo derivadas del tiempo que representa a las personas llegar a sus centros laborales, indicó.

Ricardo Weder Cisneros, de Cabify México, sostuvo que la industria de redes de servicio de transporte vía Internet representan una alternativa real para disminuir la sobre carga de automóviles en las grandes ciudades, pues esta tecnología crea alternativas de movilidad diversa, que son más eficientes y baratas.

Además, apuntó, esta nueva industria genera opciones reales de empleo para sectores de la población fundamentales, como las madres solteras, personas mayores o jóvenes emprendedores, quienes, como socios, tienen oportunidad de contar con mayores ingresos.

Recordó que en diciembre de 2014, se reformaron los artículos 11 y 73 constitucionales, para conceder al ciudadano el derecho de movilidad universal y facultar al Congreso de la Unión para legislar en la materia, por lo que solicitó una legislación clara que permita la libre competencia e impida prácticas desleales y generación de monopolios.

Julio Alejandro Téllez Valdés, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estimó que este tipo de negocios ofrecen nuevos esquemas de rapidez, comodidad, seguridad, economía y eficiencia, pero también, en ocasiones, sus formas de operación son cuestionables.

Criticó el aviso de privacidad que pondrá en práctica Uber a partir del 15 de julio, pues su aplicación recopilará información del usuario como ubicación exacta, geolocalización, rastreo de IP, información de contactos, preferencias, datos del dispositivo, acceso a llamadas, mensajes de texto, fecha y hora de acceso, páginas visitadas e información de otras fuentes, la cual podrá compartir con sus subsidiarias y autoridades en caso de considerarlo necesario.

El director de Transporte de CTSEMBARQ México, Fernando Páez, aseguró que más allá de una regulación se deben definir las condiciones de operación de servicios de transporte que ofrece el sistema de movilidad y garantizar la calidad en la prestación del servicio al usuario.

Aunado a ello, dijo, lo importante es conocer si con estos servicios se mejora la movilidad de la ciudad y se disminuye el índice de motorización y congestión.

En tanto, Carlos Camacho Dávalos, presidente del Centro de Construcción de Consensos, recalcó que para lograr una política pública en el tema de movilidad se requiere introducir la participación de la iniciativa privada y el reconocimiento de otros medios como la bicicleta.

Refirió que según un estudio realizado en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, el nuevo servicio de transporte es aceptado por 85 por ciento de los encuestados, mientras que 77 por ciento se manifestó a favor de que se regule y reconozca el transporte.

Por su parte, Maité Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal, indicó que la columna vertebral de la Ciudad es el transporte público, pues 7 de cada 10 personas se mueven por este medio, por lo que es urgente invertir en su mejora contemplando las necesidades de la gente y concesionarios.

Dijo que las nuevas plataformas van dirigidas a un mercado pequeño, de ahí la necesidad de considerarlo como uno diferente al servicio tradicional de taxis, que se ha construido con base a cuotas políticas y se encuentra olvidado.

 

 

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el senador Mario Delgado Carrillo coincidieron que se requiere un replanteamiento en materia de movilidad orientado a transformar de fondo el transporte público.

La legisladora de Acción Nacional manifestó que “mientras se continúen destinando cantidades millonarias a los segundos pisos o proporcionando recursos privados a la construcción de súper vías, que no van acompañadas de una inversión en transporte público eficiente, de calidad, seguro y moderno, los ciudadanos seguirán teniendo todos los incentivos para comprar un automóvil”.

En el encuentro “Diálogo nuevas tecnologías y movilidad: Aplicación y regulación en ciudades y zonas metropolitanas”, aseveró que no está claro el rumbo de la política de transporte público en las ciudades del país y actualmente existe un problema con los taxis que operan en el Distrito Federal.

Consideró que en el conflicto entre los taxis de la Ciudad de México, Cabify y Uber “la competencia es lo más sano, lo que genera un transporte más eficiente y de calidad”.

Dio a conocer que se tienen que pagar entre 80 mil y 120 mil pesos para poder adquirir las placas de un taxi y existen una serie de pasos burocráticos a los que se enfrentan quienes desean dedicarse a esta actividad, lo cual provoca que muchos de ellos presten el servicio de manera irregular.

“Creo que todos aspiramos a tener los mejores taxis en la ciudad, los mejores medios de transporte, y aspiramos, sobre todo, a combatir la corrupción en las diferentes instancias de gobierno, que es lo que desafortunadamente nos va comiendo”, expresó.

La legisladora también advirtió que la falta de inversión en el transporte público afecta directamente a quienes menos tienen en una proporción de 70 por ciento de personas de menores ingresos, contra el 8 por ciento de quienes tienen ingresos altos y que utilizan el transporte público.

Por su parte el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal, dijo que es fundamental cambiar el enfoque para que haya equidad y competencia de los distintos servicios de movilidad en la ciudad “y el gobierno debe promover la encomienda para impulsar su desarrollo”.

Expresó que gracias a los servicios de Uber o Cabify es que se ha visto la enorme sobrerregulación que hay sobre los taxis en la Ciudad de México y las condiciones que tiene este servicio.

Cuando se hicieron las regulaciones en esta materia, no existían los servicios Uber o Cabify, por lo tanto deberíamos tener una mayor apertura en el tipo de solución y un enfoque distinto para estos servicios, colocando por delante el tema del consumidor, usuario y mejora del transporte público en la ciudad.

El diputado Fernando Rodríguez Doval, de Acción Nacional, dijo que en este debate puede haber muchos elementos jurídicos, económicos, históricos y urbanos, pero se trata de una discusión sobre la libertad de elegir un bien o servicio que se ofrece en un mercado.

Por un lado, agregó, están aquellos que consideran que el Estado debe regularlo absolutamente todo, que tiene que intervenir en la economía, “que es una especie de padre amoroso que tiene que decidir cómo deben consumir sus hijos, y en esa visión están también los políticos que aprovechan esa coyuntura para tener clientelas”.

Su compañero de bancada, Juan Pablo Adame Alemán, expresó: “Estamos a favor de estas tecnologías disruptivas, de que --como usuarios-- podamos decidir qué es lo mejor y cómo podemos obtener un mejor servicio”.

“Funcionarios, especialistas y representantes de organizaciones en materia de movilidad urbana manifestaron la necesidad de establecer un marco jurídico que regule los servicios que ofrecen empresas como Uber y Cabify.”
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