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¿SE PUEDE MEDIR LA INEFICIENCIA GUBERNAMENTAL?

¿Se puede medir la ineficiencia gubernamental?
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A los gobiernos ya no les basta con ganar en las urnas para obtener legitimidad sino que deben refrendar la confianza de los ciudadanos
13.07.2012 12.00 AM

Por David Arellano Gault y Víctor Figueras Zanabria*

Cuando se habla de gobierno, una de las constantes de la reflexión tanto académica como política es que en prácticamente en cualquier país los gobiernos de diferente nivel y tipo están ampliamente cuestionados en términos de su efectividad y por tanto afectados profundamente en el corazón de su legitimidad. A raíz de las crisis económicas recurrentes desde finales de los setenta, el gobierno no se considera ya el actor predominante en la búsqueda del desarrollo de las sociedades: existen muchos actores y agentes no gubernamentales cuya participación y actuación es sustantiva.

De esta manera, la legitimidad de los gobiernos contemporáneos no se sustenta ya simplemente en una retórica que establece que los gobiernos son los actores directivos y jerárquicamente mejor posicionados para generar beneficio social. Por lo menos no en abstracto, es decir, no cabe la duda ya de que los gobiernos pueden ser los principales estorbos al desarrollo. La acción gubernamental por sí misma no asegura que se van a resolver los problemas sociales, así estos gobiernos cuenten con amplios recursos y con sólidas organizaciones burocráticas. Ser gobierno implica demostrar dicha capacidad de resolver problemas, de que los recursos se usan de forma inteligente y técnicamente capaz. De alguna manera, así puede comenzar a explicarse el porqué de la creciente desconfianza de los ciudadanos en el ejercicio del poder, en el tipo de decisiones que los gobiernos toman. Saber cómo se toman decisiones y de la efectividad real, concreta, de las intervenciones gubernamentales, parece ser una necesidad social ineludible para que dicha sociedad legitime la acción de cualquier gobierno. Hoy, las democracias demandan gobiernos que funcionen, que transparenten sus procesos decisorios y operativos y que generen canales de participación para la ciudadanía. Bajo este aún inacabado “nuevo modelo”, a los gobiernos ya no les basta con ganar en las urnas para obtener legitimidad sino que deben refrendar la confianza de los ciudadanos día con día.

En este sentido, la necesidad de transparentar las acciones del gobierno y su vinculación con la rendición de cuentas han sido ampliamente discutidas y, aun cuando existen áreas que siguen generando debate, es posible encontrar cierto consenso sobre su importancia en regímenes democráticos. Como señala el recientemente fallecido profesor O’Donnell, “nuestros estados y gobiernos suelen ser poco creíbles cuando declaman que existen y deciden para todos, o para la mayoría”, de ahí que sean necesarios mecanismos efectivos de rendición de cuentas, más aún considerando que en un Estado Democrático de Derecho “ni siquiera los gobernantes deben quedar fuera de la legalidad” (O’Donell: 2008). Más allá de la rendición de cuentas, el trasparentar el ejercicio gubernamental supone otros beneficios, como la mejora sistemática de procesos para alinearlos al mejor cumplimiento de la función social de las organizaciones públicas y para construir procesos decisorios incluyentes; de ahí la importancia medular que adquiere la publicidad de las acciones de gobierno, que conlleva la necesidad de establecer reglas, procedimientos y mecanismos que informen efectivamente a los ciudadanos sobre lo que el gobierno hace, cómo lo hace y con qué resultados (Merino: 2008).

Tenemos entonces que la sociedad está crecientemente interesada en tener información sobre del desempeño del gobierno y que éste busca dar a conocer sus acciones y resultados, como una forma de refrendar la confianza de los ciudadanos y de mantener su legitimidad.

Por lo anterior, se ha generado una fuerte ola de opinión que ha sido fuente generadora de paradigmas teórico y prácticos, una casi moda podríamos decir, que plantea como parámetro indispensable que medir el desempeño y castigar la ineficiencia gubernamental debe posicionarse como la principalísima forma de rendir cuentas en una democracia. En otras palabras, se habla de evaluación “objetiva”, es decir a través de la medición de los resultados específicos y mensurables que alcanza. Lo interesante es que esta visión se considere nueva e incluso innovadora, como si en el pasado a los gobiernos no les hubiera interesado cumplir o lograr los objetivos que se plantearon (Arellano, 2002). En efecto, pensar que el paradigma de evaluación por resultados es nuevo sería simplemente un despropósito. Ello puede encontrarse desde Weber y la concepción de una burocracia técnicamente especializada, que actúa de acuerdo con reglas y que por ello su desempeño se supone “técniconeutral” y puede ser calificado según su apego a la norma y su efectividad.

Por su parte la visión ortodoxa de la administración pública concibió la actividad gubernamental como una de naturaleza técnica cuyo buen funcionamiento (desempeño) depende de la posibilidad de aislarla de la influencia de la política (politics); también puede mencionarse la preeminencia del concepto de eficiencia (el “evangelio de la eficiencia” de Waldo: 1948) como referente central para orientar y medir el desempeño del gobierno.

Muchos años después, aparece entonces la conocida como Nueva Gestión Pública (NGP), que retomó estas ideas llevándolas a su extremo, al enfatizar que la acción gubernamental sólo podría ser explicada y justificada a la luz de los procesos técnicos que generan resultados medibles. Como apuntan Christensen y Laegreid (2006), durante veinte años la NGP se ha extendido, como modelo de reforma a numerosos países, primero en economías avanzadas y luego por influencia de agencias internacionales (BM, FMI) en economías emergente, con diferentes modalidades y grados de profundidad pero con un innegable impacto en la estructura y funcionamiento del sector público.

Podría añadirse también que para el gobierno la publicidad de su acción y logros es deseable en tanto instrumento de legitimación y es promovida por un comportamiento estratégico que se ajusta a la necesidad de ganarse y mantener la confianza de los ciudadanos día con día. Para los ciudadanos, esta medición y publicación de los efectos (del destino final) de la acción gubernamental es no sólo deseable como un ejercicio democrático, sino un instrumento potencial de control social para prevenir conductas gubernamentales no deseadas. Una consecuencia de esta acumulación de expectativas es justamente la aparente sobrecarga de esperanzas que se posicionan sobre la retórica de la medición del desempeño.

De la evaluación o los problemas para medir el Desempeño o Ineficiencia Gubernamental

Es decir, en la práctica aparece un dilema: la aspiración de que los gobiernos en una democracia sean transparentes, abiertos, efectivos, económicos y eficientes, todo al mismo tiempo, implica asumir que todos estos criterios son complementarios y nunca contradictorios. El problema práctico es que a veces sí lo son. Las organizaciones gubernamentales son al final de cuentas constructos sociales, están constituidos por seres humanos comportándose (Simon: 1991) y son afectadas por racionalidad limitada y por dinámicas políticas y económicas altamente movibles y hasta coyunturales. Tomar en serio a las organizaciones gubernamentales implica aceptar el hecho de que son construcciones sociales, afectadas por los comportamientos y capacidades de las personas que las componen, y al final de cuentas construidas por criterios políticos y económicos, ineludiblemente. Como entes sociales entonces están expuestas al error, a la captura, a la necesidad de justificar y construir sentido, a obtener legitimidad, a funcionar colectiva e individualmente, enfrentándose por tanto a problemas contextuales y diversas incertidumbres ineludibles.

Aunque ha sido muy poco tratado en la literatura sobre las organizaciones gubernamentales, éstas están compuestas de gente que debe tomar decisiones y por tanto riesgos. Asumir que los gobiernos son máquinas obedientes de la técnica, que deben separarse de la política para ser “neutrales” y “eficientes”, ha mostrado ser un grave error. Las organizaciones gubernamentales son criaturas políticas por naturaleza y legítimas en ese sentido. En efecto, el criterio liberal de una democracia implica que no existe el monopolio de la verdad. Por tanto, las democracias se mueven a través de la alternancia en el poder y la indispensabilidad de la oposición. Si esto es cierto, los gobiernos son siempre estructuras políticas que interaccionan y se componen por influencias políticas, algunas más legítimas que otras, por supuesto. Las organizaciones gubernamentales deben obedecer a los políticos electos por razones de lealtad profesional pero también política (debido a que la legitimidad otorgada a los políticos electos deviene del voto popular al final de cuentas). La oposición, o más correctamente, las oposiciones, son fundamentales en el juego político y buscarán afectar la agenda de las organizaciones gubernamentales, con la posibilidad perenne de que se vean capturadas por diversos actores y facciones interesados.

Como los federalistas norteamericanos establecieron, las facciones son piezas ineludibles y peligrosas de una democracia, pero sería peor buscar eliminarlas, pues ello afectaría el criterio básico de respeto a la libertad y la indispensabilidad de la oposición en una democracia.

Por ello, una visión que intente “neutralizar” a la acción gubernamental de la política, está perdiendo una parte fundamental de la película. Al contrario, siempre que se hable de organizaciones gubernamentales, será indispensable hacer “endógena” a la política, no hay alternativa. Sin duda, ello implica retos para cualquier esquema de administración pública, mucho más para cualquier sistema de evaluación por resultados o desempeño: pensar que dicha evaluación puede escapar de considerar estos elementos políticos es simplemente ilusorio. Por dar un ejemplo, en una democracia los fines están en disputa (Dahl: 1947) por tanto para algunos actores sociales una organización debe ser efectiva, importando menos si es eficiente o económica. Y para otros, será indispensable que sea económica, aún si eso lo hace un poco menos equitativa. Para unos actores será necesario que un servicio gubernamental sea otorgado bajo el criterio primordialmente de igualdad (todos deben recibir lo mismo no importando sus merecimientos para ello). Mientras que para otros debería primar el criterio de justicia (entendido como darle a cada quien lo que merece, así se produzcan desigualdades). Una parte fundamental de la historia de la administración pública ha sido la discusión de que los servicios públicos sean otorgados a los ciudadanos no importando su filiación, raza, género o recursos (de ahí la importancia del modelo burocrático de acción gubernamental que hace de los procesos un elemento sustantivo, Du Gay: 2000). Pero para otros, los servicios gubernamentales deberían ver a los ciudadanos como clientes, lo que implica que los servidores públicos deben estar más preocupados por los resultados que por el proceso (sin dejar claro si los procesos que protegen a los ciudadanos de ser tratados de manera distinta se verán negativamente afectados ante este giro clientelar). La retórica de medir el desempeño o la ineficiencia gubernamental raras veces ha tomado en serio estos dilemas políticos sustantivos, esta indispensable interpretación y discusión de criterios generales que acaban componiendo y dirigiendo la acción gubernamental.

No está de más insistir: los criterios de la acción pública son muchas veces contradictorios y requieren en la práctica que los tomadores de decisión, los servidores públicos terminen “acomodándolos”, ajustándolos de una manera relativamente congruente.

Habría que añadir una reflexión adicional: el de la complejidad de la acción gubernamental. No sólo está entonces la importancia de la variable política, sino además la importancia de la complejidad propiamente dicha de la acción gubernamental, la que afecta las posibilidades de medir efectivamente resultados. La acción gubernamental no se construye en una maquinaria para ser aplicada en una realidad lineal y atemporal.

El gobierno es un conjunto flojamente acoplado de organizaciones que impacta a una realidad muchas veces multifacética y multicausal. Construir entonces un discurso lineal de acción-reacción, causa-efecto, no es siempre sencillo o posible cuando se habla de “problemas perversos” (Harmon y Mayer: 1986). Los problemas perversos son aquellos que son producidos por muchos actores y circunstancias, que son dinámicos y que por tanto no responden a una sola acción sino a la intervención e interacción de muchos actores con intereses divergentes. Este tipo de problema es clásico en la administración pública.

¿Cómo evaluar entonces la acción gubernamental? Es claro que la respuesta no es sencilla. Vayamos poco a poco.

• Primero, se debe evitar pensar que la evaluación es un acto exclusivamente técnico, neutral, puro. No existen los instrumentos para hacerlo cuando se habla de problemas perversos, pero aun existiendo mejores instrumentos los fines y los medios están en disputa. La acción gubernamental es sustantivamente política en una democracia.

• Segundo, los problemas públicos suelen ser muy intrincados, multicausales. La acción gubernamental no es la única ni muchas veces la más importante fuente de solución a problemas sociales. Las soluciones son muchas veces generadoras de procesos de interacción entre muchos actores y causalidades. Procesos que se dan y se generan en el tiempo (no en forma automática), por lo que suelen tardar ya que requieren muchas veces de cambios en el comportamiento de personas, grupos y organizaciones, todas con diferentes valores e intereses.

• Tercero, las organizaciones gubernamentales son muchas veces las encargadas de resolver problemas de este tipo y están a su vez compuestas por personas. Por tanto, no son maquinarias, sino constructos sociales llenos de gente que forman grupos, coaliciones (Cyert y March: 1963). Gente pensante y con intereses. Gente que puede tomar a la organización como algo más que su espacio de trabajo. Gente que actúa como individuo y que actúa como grupo.

Las organizaciones gubernamentales son criaturas sociales, no máquinas expendedoras (algo que discutiremos en la siguiente sección). Y por ello, las personas que toman decisiones y actúan, dando sentido a sus interpretaciones y acciones (Weick y Sutcliffe: 2007) toman riesgos, comprenden que pueden cometer errores pues hay incertidumbre, conocen que pueden ser capturados; entienden a fin de cuentas que como todo actor social puede convertir la incertidumbre en riesgo (Luhmann, 2007) y aprender en el camino. Esta es la realidad organizacional del sector público y negarla u olvidarla es simplemente dejar de comprender la dinámica de la decisión en una organización gubernamental (y por lo tanto, la base de donde se generan los resultados esperables de su acción).

• Cuarto, por todo lo anterior, la evaluación de resultados es posible, siempre y cuando se comprenda esta dinámica sin caer en simplificaciones burdas del aparato gubernamental como una máquina expendedora. La evaluación de resultados es importante para una rendición de cuentas fortalecida, pero lograrla implica avanzar sobre una visión más completa de esta actividad.

¿El Gobierno como Máquina Expendedora?

Ante estos elementos que hemos descrito, queda más claro un peligro latente que aparece apenas marcado en una buena parte de la literatura sobre el tema de evaluación: la sobre simplificación de la rendición de cuentas del gobierno como si éste fuera una máquina expendedora. En efecto, diversas corrientes y argumentos tienden a plantear al gobierno básicamente como una maquinaria prestadora de servicios a ciudadanos convertidos en clientes. Los clientes no están interesados en saber qué pasa dentro dicha maquinaria siempre y cuando reciban el producto o servicio en forma eficaz y económica. Esta metáfora tan simple y recurrida hoy día de alguna manera en estas visiones estilo NGP sin embargo esconde un grave problema. El gobierno no es una máquina, ya lo hemos dicho. Pero más todavía, es una estructuración política que en una democracia forma parte de un juego de intereses, valores y visiones del mundo. Es por ello que “los resultados” gubernamentales no son una construcción técnica, pura, lineal. Son una propuesta, una decisión, una responsabilidad, todo al mismo tiempo, de actores políticos y de actores profesionales en diversas esferas de acción. En corto, son una propuesta que se realiza desde un actor o actores identificables que proponen, afirman, apuestan. Estos actores están apostando, aseguran y piensan, con sus valores y creencias que las vías de acción decididas son la mejores posibles para resolver un problema (en una democracia, seguramente existirá oposición que podrá pensar de otra manera a este respecto). Se habla de una decisión porque los actores políticos están proponiendo una vía de acción, una secuencia de maniobras, programas que llevan supuestamente a ciertos efectos. Dada la complejidad social y política de una democracia, dichos efectos (los reales, lo que en otros espacios hemos denominado los “efectos netos”, Arellano; 2010) están en constante revisión para saber si van por el camino expresado en la propuesta. Y es una responsabilidad porque debe rendir cuentas, se debe explicar no sólo los resultados, sino las razones que llevaron a la propuesta (que debió por tanto rechazar otras alternativas) y a la manera en que se llevó a cabo la decisión (cuidando las normas, las reglas, los criterios de equidad, eficiencia y justicia de toda acción gubernamental). Creemos que esta es una fotografía simplista pero más real que una visión de una maquinaria administrativa cuyos engranajes son personas que actúan racionalmente en un sentido lineal y que obedecen simplemente para otorgar un servicio o producto. Y por esto, a los clientes no les interesa qué pasa dentro de la máquina expendedora que les entrega un producto o un servicio, pero al ciudadano sí que le interesa saber qué pasa adentro, pues necesita comprender si se realizaron de manera legal, igualitaria, equitativa y las razones por las cuales se han escogido ciertas opciones y se han desechado otras.

Los servidores públicos forman parte de un entramado organizacional e institucional, son seres humanos que toman decisiones, escogen alternativas y son responsables por esas alternativas y por los resultados y efectos de dichas decisiones. Es por esto que, pese a la complejidad de la evaluación del desempeño o de los resultados, es fundamental insistir en su realización: importan mucho los resultados, sin duda, pero en la acción gubernamental importa mucho el proceso a través del cual se definen QUÉ son resultados y cómo se espera llegar a ellos. Es decir, por proceso no sólo nos referimos a rendir cuentas en términos de seguimiento estricto de leyes, reglas y normas, sino también en términos de a) cómo se llegó a escoger una alternativa, b) qué alternativas se desecharon en el camino, c) por qué se desecharon, d) qué valores y datos impulsaron estas decisiones, y, e) cuál es la lógica causal que dicha propuesta y decisión asume que se producirá a partir de la acción para generar específicamente qué resultados (y qué efectos no deseados o esperados podrían aparecer o deberíamos estar atentos como sociedad a su aparición; es decir, más que resultados, hacerse responsables por los efectos).

Rendir cuentas por resultados pasa antes por tener la información, como sociedad, para debatir y discutir las decisiones, las alternativas y la responsabilidad sobre los efectos realmente generados por una decisión y acción gubernamentales.

Gobierno y Organizaciones Públicas

El gobierno entonces no es un actor unitario, un ente monolítico, sino un conglomerado de organizaciones que coexisten en un entorno particular, el sector público, y que se encargan de traducir decisiones políticas en acciones concretas. La complejidad de la acción gubernamental organizada puede percibirse en tres dimensiones: una dimensión macro que tiene que ver con marco de actuación de las organizaciones públicas, con las decisiones políticas que establecen los objetivos que serán su fin último; una dimensión messo que se enfoca en la forma en que cada organización pública coexiste y se relaciona con otras; y una dimensión micro que se interesa por los aspectos organizacionales, el reto de lograr la acción coordinada y direccionada de individuos con diferentes perfiles e intereses.

Un gobierno que no rinde cuentas es inconcebible en una democracia. Un gobierno que no es evaluado, no puede rendir cuentas adecuadamente. Los recursos del gobierno son públicos y por tanto no puede permitirse la ineficiencia ni el desperdicio. En esto podemos decir que toda persona en una democracia estaría de acuerdo. Entonces ¿cuál es el problema? El problema comienza por comprender que un gobierno es una institución política que en una democracia implica lucha por el poder, elecciones, y un proceso civilizado para competir por el poder mismo. La existencia de oposición es un concepto clave en cualquier democracia, y por ello, una evaluación del desempeño lineal y puramente técnica, neutral, objetiva, es imposible (e indeseable en realidad). El segundo problema es que el gobierno no es una máquina llena de engranajes, sino un constructo social y organizacional lleno de gente. Uniendo estos dos problemas se puede comenzar a entender la interesante e intrincada realidad de medir y evaluar a una criatura social y política como el gobierno.

El requerimiento normativo entonces de la rendición de cuentas debe hacerse realidad en la práctica, en la dinámica social existente de los gobiernos en una democracia. Un probable error ha sido plantearse estas dos dinámicas por separado, es decir, asumir que el simple requerimiento normativo es suficiente para impulsar la “obligación” o los comportamientos “correctos” de una maquinaria llamada gobierno. O asumir que a la maquinaria simplemente debe entregársele los incentivos racionales correctos para hacer cumplir los deseos normativos (que también se asumen como correctos en automático y por ende racionales para cualquier actor inteligente). El caso práctico es que ambas lógicas están unidas y se requieren. No hay democracia sin el ideal normativo del gobierno efectivo, eficiente y que rinde cuentas. Pero la clave es cómo lograr ese ideal en una realidad social de actores múltiples, estratégicos, que juegan diversos juegos políticos y organizacionales, en una realidad que no es lineal ni linealmente entendida por todos los actores.

Elementos para la Reflexión

Ante el cuestionamiento de si es posible evaluar el desempeño gubernamental, una posible respuesta apunta a que ello supone la difícil conciliación de dos lógicas diferentes. Por un lado, la lógica de la rendición de cuentas nos dice que en países con sistemas democráticos este ejercicio es necesario y produce beneficios. Se requiere que los ciudadanos conozcan el quehacer del gobierno para determinar si éste está cumpliendo los objetivos establecidos (orientados al bien común), cómo se han tomado las decisiones y qué tan bien se han utilizado los recursos públicos; si esto no sucede, los ciudadanos pueden con esta información llamar a cuentas a los responsables de conductas no deseadas y, en general, castigar a un mal gobierno. Sin embargo, este esquema no considera la complejidad de la acción organizada en el ámbito público, la diversidad de las organizaciones que lo componen, las presiones del entorno y los restos organizacionales para funcionar de manera efectiva bajo criterios políticos y administrativos simultáneos. Por poner un ejemplo sencillo, los ciudadanos no son actores desinteresados, neutros u objetivos. Los actores sociales son, por definición, actuantes, se apropian de roles, interpretan la realidad, tienen intereses (Goffman, 1981).

La rendición de cuentas requiere información sobre los resultados del gobierno, sobre sus procesos administrativos y de toma de decisiones. La expectativa de obtener esta información acepta -a priori- la posibilidad de medir y evaluar el desempeño gubernamental y, de manera subyacente, se percibe al gobierno como un grupo de organizaciones homogéneo, con capacidad de ingeniería social para definir problemas públicos, identificar sus causas y desarrollar estrategias de intervención para resolverlos. La realidad, sin embargo, es muy distinta (Arellano, et al: 2011).

Como señalamos antes esta es una visión simplificadora que requiere modificarse para establecer planteamientos realistas sobre el desempeño gubernamental y su evaluación. El desempeño gubernamental está lleno de matices; como la naturaleza cambiante de los objetivos y la coexistencia de criterios políticos y administrativos en su funcionamiento normal. Las expectativas que se le han puesto a la evaluación por resultados o desempeño son muchas y a veces francamente irreales. Pongamos un ejemplo: se quiere que el servidor público rinda cuentas y se haga responsable de los resultados. Y para ello, se requiere que actúe con imaginación y espíritu innovador. Ser innovador implica tomar riesgos: no hay innovación si no se intentan nuevas rutas, nuevas acciones, cambios en la forma en que se hacen las cosas. Pero ser innovador puede implica romper normas o reglas, costumbres, procedimientos. SI se quiere y se exige la generación de “valor” (Moore: 1995), entonces se debe aceptar que los tomadores de decisión deben tomar riesgos. Sería simplemente una contradicción solicitar resultados sin innovación e innovación sin riesgos. Por ello, medir por resultados es sin duda un incentivo al cambio en la acción gubernamental, pero debe ser un incentivo congruente: innovar sin aceptar riesgos y por tanto incorporar la protección al riesgo en la toma de decisiones de los servidores públicos, como sociedad, sería una lógica incongruente con la propia rendición de cuentas.

Nuevamente aparece entonces la pregunta ¿para qué evaluar por resultados? Queda claro que no para asegurar linealmente un resultado unívoco, objetivo, simplista, de la acción gubernamental. Pero sí para mejorar la rendición de cuentas, y por tanto, en el camino, mejorar la posibilidad de los resultados. ¿Cómo? La primera condición será responder a la pregunta ¿Quién queremos que rinda cuentas en la acción gubernamental? Un paso sustantivo será comprender que rinden cuentas diferentes actores en diferentes espacios institucionales: rinden cuentas servidores públicos y políticos que están en marcos y contextos organizacionales específicos (las organizaciones importan) y que se atienen a marcos institucionales diversos, muchas veces contradictorios e incompletos. Lanzar posturas normativas generales o moralistas de rendición de cuentas en realidad poco ayuda para enfrentar pragmática y efectivamente a una dinámica de este tipo. Las organizaciones importan y cuando se habla de organizaciones públicas, como el eje donde se cruzan las acciones de gobernantes y gobernados, su comprensión y entendimiento serán cruciales si se quieren construir mecanismos efectivos, con costos/beneficios realistas.

Una segunda opción que probablemente haya que fortalecer: más que una técnica cerrada y exacta que mide “la eficiencia y los resultados”, los sistemas que miden resultados pueden mejorar el debate y la deliberación informada en una democracia. Los políticos y gobernantes se obligan a explicar a la sociedad a) qué opciones y alternativas escogieron, b) con qué bases lo hicieron, c) qué alternativas se desecharon y porqué (tal vez el paso más importante para rendir cuentas en serio), d) qué se espera dinámicamente lograr con dichas políticas y cómo se podrá medir su desempeño. La expectativa social entonces no estará amarrada linealmente a un resultado único (como si toda la sociedad pudiera estar de acuerdo en un solo objetivo de política). En realidad, la expectativa será más realista: una explicación concreta de sus gobernantes respecto de qué escogieron como solución, porqué, qué desecharon en el camino como alternativas y con qué valores esperanzas lo hicieron. Una receta más clara para el aprendizaje social y político en una democracia, en todo caso. Creemos que estos dos pasos o condiciones iniciales crearían una opción más realista, una guía general más lógica para preguntarse para qué medir el desempeño gubernamental, cómo evaluarlo y con qué sentido hacerlo.

David Arellano Gault Profesor Investigador CIDE. Dr. en Administración Pública por la Universidad de Colorado. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Editor de la revista Gestión y Política Pública y Coeditor de la revista Organization Studies. Profesor Investigador del CIDE.

Víctor Figueras Zanabria Coordinador del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE. Doctor en política por la Universidad de Essex.

El presente texto es parte del nuevo número 2 de la Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, disponible AQUÍ para su consulta

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