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DEBE RENTA BÁSICA EVITAR SER SUBSIDIO NEOASISTENCIAL O IMPUESTO NEGATIVO

Debe renta básica evitar ser subsidio neoasistencial o  impuesto negativo
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La crisis económica y social desatada por el modelo económico neoliberal y la política social neoasistencial pone a las sociedades frente a dos caminos excluyentes
22.06.2022 12.00 AM

Renta básica de ciudadanía: una aproximación desde las teorías de la justicia y el pleno empleo “voluntario” de Andrés Felipe Mora, analiza los fundamentos éticos de una renta básica universal, individual e incondicional, y su potencial transformador en el mundo del trabajo y la política social. Garantizar un derecho a la existencia, como materialización de un ideal normativo de libertad real, implica superar el principio contributivo y promover una situación de pleno empleo voluntario.

La conjugación de ambos aspectos podría llevar al surgimiento de un orden socioeconómico que trascienda las connotaciones compensadoras de la política social contemporánea y que supere los alcances de los modelos conservadores, liberales y socialdemócratas del Estado del bienestar.

El documento presenta las discusiones alrededor de la renta básica en el campo de las teorías de la justicia como distribución, analiza la idea del “trabajo como activo” y muestra los mitos que soportan la validez del principio contributivo. A lo largo de estas reflexiones, se presentarán también las principales críticas que se le realizan a la renta básica desde perspectivas liberales, sindicales, feministas, comunistas y republicanas.

Los pueblos del mundo sufren las consecuencias de la implementación de un modelo de política social neoasistencialista. El carácter procíclico del gasto social, la desregulación y precarización de los mercados laborales, la privatización, los subsidios focalizados a la demanda y la mercantilización de los derechos de los ciudadanos constituyen el correlato de un modelo de política social adecuado a las necesidades de fortalecimiento de los mercados financieros, la austeridad fiscal y la defensa de los derechos de propiedad. La denominada “lucha contra la pobreza extrema” resulta contradictoria de la implementación de sistemas de protección social mutualistas y universalistas. El “manejo social del riesgo” y la “inversión en recursos humanos” han mostrado su incapacidad para mejorar las condiciones de vida de los individuos, y su falta de aliento para impulsar el tránsito hacia sociedades más justas, igualitarias y garantes de la libertad de los agentes.

En este contexto, la defensa de los derechos económicos y sociales constituye una valiosa posibilidad para consolidar regímenes socioeconómicos más progresistas. Sin embargo, los límites del modelo neoasistencial han abierto también una oportunidad para repensar la política social y configurar escenarios redistributivos y de protección social más justos, audaces y novedosos. Particularmente, las condiciones económicas y sociales del mundo contemporáneo, así como las discusiones y avances producidas en el campo de las teorías de la justicia, han configurado un espacio propicio para pensar en el “desasalaramiento” de los derechos económicos y sociales. Hoy es posible justificar modelos de política social no sustentados en la conexión de los agentes con el mercado laboral y alejados de la defensa del principio contributivo. En la actualidad es posible exigir “un derecho a la existencia” en el marco de una política social “sin contraprestación”. Es en este punto en donde adquiere sentido la renta básica de ciudadanía.

Este artículo tiene como propósito analizar los fundamentos éticos de una renta básica universal, individual e incondicional y su potencial transformador en el mundo del trabajo y la política social. En primera instancia, analizará por qué la renta básica de ciudadanía constituye la materialización institucional de un ideal de libertad real, respetuoso de nociones de igualdad, libertad, eficiencia y no explotación. Este recorrido permitirá reconocer las coordenadas de justicia social que exigen la superación del principio contributivo y la promoción de una situación de pleno empleo voluntario. Sobre esta base, en un segundo momento, se presentarán argumentos sociopolíticos y económicos a favor de la abolición del principio contributivo, y se visualizará el potencial transformador de una renta básica de ciudadanía en el marco de la superación del modelo neoasistencial de la política social y la reconstrucción del Estado de bienestar. Esta discusión permitirá identificar, además, las críticas que se le realizan a la renta básica desde perspectivas sindicales, feministas y comunistas y republicanas, y los aspectos que diferencian la renta básica de ciudadanía de los subsidios focalizados, los impuestos negativos y las asignaciones ciudadanas.

El principio contributivo ha constituido la piedra angular de la política social moderna. En conjugación con la defensa de la ética del trabajo, dicho principio ha sido funcional a un modelo de política social sustentado en la triada ciudadanía-empleo-seguridad social. Más que rescatar las dimensiones transformadoras de la política social, este modelo ha consolidado una visión gubernamentalista de la política social, que ha servido poco para redistribuir la riqueza y mucho para garantizar la reproducción del orden social vigente. Es por esto que el fin del principio contributivo representa un medio clave para repensar el mundo del trabajo, rescatar la dimensión transformadora de la política social y remover las bases de los regímenes de bienestar hasta hoy conocidos. Bajo estas coordenadas, la renta básica de ciudadanía constituye una posibilidad real que aborda frontalmente el desafío de repensar el empleo para repensar la vida: por la puesta del control sobre el tiempo de trabajo se estaba introduciendo en las sociedades modernas el control de la totalidad de la vida de los individuos. […] La historia de las luchas obreras por la reducción de la jornada de trabajo ha sido y es la manifestación de una más profunda “guerrilla cotidiana por la ocupación del tiempo” en la que se enfrentan el objetivo empresarial de convertir el tiempo en capital y el objetivo obrero de rescatar tiempo para la libertad. (Zubero, 2001, p. 168)

El pleno empleo voluntario constituye, entonces, el correlato de la garantía de un derecho a la existencia orientado a combatir la alienación que surge cuando una persona se ve obligada a aceptar un trabajo para sobrevivir.

La crisis económica y social desatada por el modelo económico neoliberal y la política social neoasistencial pone a las sociedades frente a dos caminos excluyentes. O se profundizan los principios, objetivos e instrumentos del modelo que ha provocado la mencionada crisis, o se aprovechan las condiciones de la crisis para desplegar alternativas de política económica y social capaces de ofrecer herramientas que permitan superar el orden económico y social que ha puesto en situaciones de precarización, vulnerabilidad e informalidad al grueso de la población.

Es usual escuchar voces que demandan la introducción de reformas tributarias, laborales y pensionales regresivas para atenuar los efectos de la crisis. Para estas voces resulta “inevitable” que las pérdidas generadas por el ciclo económico, así como los costos de la recuperación, se socialicen y sean asumidas por quienes se ven más golpeados por la crisis: los sectores asalariados, informales o en situación de desempleo. La paradoja es evidente: son las víctimas del modelo socioeconómico imperante, quienes deben pagar los costos de sus crisis. Sin embargo, este momento histórico abre la posibilidad de pensar en salidas que logren minimizar el sufrimiento humano habilitando espacios para la transgresión del orden socioeconómico imperante. La renta básica de ciudadanía parece ubicarse en este camino.

Como alternativa económica y social, la renta básica de ciudadanía garantiza un derecho a la existencia para cada ser humano. Por este motivo, prescribe la necesidad de otorgar, de manera universal, individual e incondicional, un ingreso que le permita a las personas satisfacer sus necesidades básicas. A diferencia de otros modelos de transferencias monetarias, la renta básica no se propone ubicar los ingresos de las personas por encima de determinados umbrales estadísticos. Todo lo contrario: dichos umbrales deben ser concebidos como el piso para calcular el monto de la renta básica, y no como el tope al cual se debería llegar. En estricto sentido, la renta básica podría ser tan alta como las fuerzas productivas y distributivas de la sociedad lo permitan, y tan baja como los umbrales de necesidades básicas lo definan. De esta manera funcionaría como el fundamento monetario de la libertad real.

Si la renta básica pierde de vista sus principios de universalidad (por derecho de ciudadanía), individualidad (para cada ser humano) e incondicionalidad (independientemente del nivel de ingresos o de la disposición a trabajar), terminará convirtiéndose en un subsidio neoasistencial (focalizado, condicionado y/o dirigida a las familias), o un impuesto negativo (que únicamente complementar los ingresos laborales de las personas más pobres para alcanzar cierto umbral básico de ingresos). Perder de vista estos principios y diferencias conlleva al equívoco de considerar la renta básica como una solución con la que estarían de acuerdo tanto los sectores políticos progresistas de izquierda, como los sectores políticos conservadores de derecha: estos últimos son proclives a defender modelos de rentas mínimas focalizadas, que no alteren de manera sustancial el gasto público, y que no desincentiven la venta de la fuerza de trabajo. Es decir, modelos que terminan arrebatándole a la renta básica su potencial transformador.

La renta básica de ciudadanía es una alternativa que busca otorgar a los seres humanos un poder de negociación para rechazar modelos de vida que se aparten de aquellos valorados individualmente. Busca impulsar un reparto más equitativo de las tareas sociales y domésticas, y reconocer actividades subvaloradas por el mercado, pero fundamentales para la vida social. La renta básica de ciudadanía busca desmitificar la idea de que las vidas que no están produciendo dentro del sistema salarial son vidas que no merecen ser vividas. Al asegurar un derecho a la existencia, la renta básica de ciudadanía garantiza el pleno empleo “voluntario” y avanza en la desmercantilización de la fuerza de trabajo. De esta manera la renta básica desnaturaliza la idea de que un cuerpo solo merece existencia cuando es explotado. Y constituye una posibilidad para comprender que lo que es bueno para el sistema, no es necesariamente bueno para la humanidad: En nuestra sociedad somos claramente infelices … nos alegramos cuando podemos matar el tiempo que hemos ahorrado con tanto trabajo … El desarrollo de este sistema económico ya no quedó determinado por la pregunta ¿Qué es bueno para el Hombre?, sino por la pregunta ¿Qué es bueno para el sistema? (Fromm, 2017, p. 28)

“Es usual escuchar voces que demandan la introducción de reformas tributarias, laborales y pensionales regresivas para atenuar los efectos de la crisis.”

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