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NECESARIO, MECANISMO DE JUSTICIA GLOBAL CONTRA ABUSOS EXTRACTIVISTAS

Necesario, mecanismo de Justicia Global contra abusos extractivistas
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El carácter internacional de dichas industrias requiere un mecanismo que considere el desafío global y la soberanía estatal, además de la complejidad en términos de espacio, tiempo, sujetos y materias
13.05.2022 12.00 AM

La paradoja denominada “maldición de los recursos naturales” ha demostrado que las economías basadas en actividades extractivas no contribuyen positivamente a la erradicación de la pobreza, la discriminación y las desigualdades. Por el contrario, estos problemas parecen empeorar, incrementando los niveles de corrupción, desigualdad y violencia. Mientras que los defensores de estas actividades enfatizan la necesidad de desarrollar las industrias extractivas, sus críticos señalan las consecuencias ambientales, políticas y sociales de esta industria. No obstante, es innegable que la principal causa de los conflictos socioambientales en el mundo, que incluye la violación de los derechos humanos fundamentales, los derechos culturales y los derechos ambientales, tiene como corolario la mercantilización y explotación de la naturaleza. El carácter global de las industrias extractivas requiere una teoría de la justicia más comprensiva, que tenga en consideración el desafío global y la soberanía estatal, además de la complejidad que caracteriza a este tipo de problemas en términos de espacio, tiempo, sujetos y materias. Filósofos políticos, en su mayoría angloamericanos, han desarrollado diversas aproximaciones teóricas a la justicia global que hacen referencia al desarrollo, la redistribución, la protección ambiental, la solidaridad, la responsabilidad, la protección de los derechos humanos y la equidad.

El concepto de Justicia Global como medio para prevenir la violación de derechos humanos por las industrias extractivas de Patricia Urteaga-Crovetto y Yenny Vega Cárdenas, busca analizar en qué medida el concepto de justicia global puede contribuir a comprender mejor y resolver los conflictos socioambientales relativos a las industrias extractivas.

En las últimas décadas, el crecimiento exponencial de las industrias extractivas ha generado preocupaciones respecto a la sostenibilidad ambiental. Desde la década de los noventa, se ha advertido sobre la relación inversa entre recursos naturales abundantes y crecimiento económico, desarrollo y buena gobernanza (Abumere 2015, 104). La paradoja denominada «maldición de los recursos naturales» (Auty 1993, 2; Soros 2007, 2) ha demostrado que las economías basadas en la explotación de los recursos naturales no contribuyen positivamente a la erradicación de la pobreza, la discriminación y las desigualdades. Por el contrario, estos problemas parecen empeorar en contextos de industrias extractivas, incrementando los niveles de corrupción, desigualdad y violencia. Mientras que los defensores enfatizan la necesidad de desarrollar las industrias extractivas, sus críticos señalan las consecuencias ambientales, políticas y sociales de estas actividades.

La devastación ambiental suele estar vinculada a la trasgresión de derechos que no solo afecta la vida, la integridad, la salud y los medios de vida de las personas, sino también sus creencias culturales y prácticas sociales, así como otros derechos humanos fundamentales (Comisión Internacional de Juristas, 2016; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020, 2015; Manirabona y Vega, 2019; Svampa, 2019; Sawyer y Gómez, 2012; Atapattu, 2018). Esta problemática se expresa de manera crítica en una tasa relativamente alta de conflictividad que afecta sobremanera a poblaciones reconocidas como vulnerables. En este artículo entendemos por conflicto socioambiental aquella situación en la que dos o más actores (individuos, grupos, estados, empresas, etc.) establecen relaciones de oposición respecto a la naturaleza y los recursos naturales dentro de un rango que incluye desacuerdos y hasta violencia. Estas relaciones, caracterizadas por vulnerabilidades y desigualdades de poder, no sólo comprenden aspectos materiales sobre la contienda sino también simbólicos (Peluzo y Watts 2001; Li 2015; Ide 2016; Martínez-Allier y Walter 2016). Por tanto, los conflictos socioambientales reflejan la transgresión o violación de derechos vinculados a la relación ser humano-naturaleza y las múltiples formas en las que esta relación se expresa. En la medida que trascienden un espacio particular, los conflictos socioambientales, y la violación de derechos humanos concomitante a aquellos, se han convertido en un problema de justicia global.

La reflexión filosófica sobre la justicia global resulta necesaria para enfrentar los problemas que afectan a la humanidad, como la comprensión de la dimensión de los problemas ambientales contemporáneos, las fuerzas globales que generan las injusticias respecto a los recursos naturales y las reivindicaciones y discursos sobre las desigualdades (Tan 2014; Martin 2013). Mientras que en la filosofía clásica (Villey 1986) la discusión sobre la justicia se sitúa en el ámbito del Estado, el carácter global de las industrias extractivas demanda una teoría de la justicia más comprensiva que tenga en consideración el desafío global a la soberanía estatal, además de la complejidad que caracteriza a este tipo de problemas en términos de espacio, tiempo, sujetos y materias (Tzevelekos 2014; Hayward e Iwaki 2016). Una teoría contemporánea para «dar a cada persona lo que él o ella merezca» debería trascender la ecuación Estado-sociedad, la justicia individual, y aquélla meramente distributiva, de manera que podamos entender cuándo se trata de problemas de justicia global legítimos, cuáles son las responsabilidades por injusticias globales y el alcance de las obligaciones que se deriven de ello (Tzevelekos 2014, 78; Clark, Chhotray y Few 2013; Martin et al. 2013, Tan 2014). En ese sentido, las aproximaciones de la filosofía política y el derecho internacional de los derechos humanos pueden contribuir al establecimiento de la responsabilidad y la rendición de cuentas en aras de la justicia global (Cimadamore 2016).

Filósofos políticos, en su mayoría angloamericanos, han desarrollado diversas aproximaciones teóricas a la justicia global que hacen referencia al desarrollo, la redistribución, la protección ambiental, la solidaridad, la responsabilidad, la protección de los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la equidad (Renaut 2013, 28). Este artículo busca analizar las principales teorías sobre la justicia global que explican los agudos conflictos de gran alcance relativos a las industrias extractivas. La pregunta que guía esta reflexión es: ¿cómo el concepto de justicia global puede contribuir a comprender mejor y resolver los conflictos socioambientales? Para responder a esta pregunta, nuestra investigación se apoya en una metodología de análisis de contenido (L’Écuyer 1990). Así, en la primera parte se desarrolla una parte teórica analítica, que constituye el marco teórico de la investigación. Esta primera parte presenta de manera contrastada un análisis sistemático de los principales aportes de las teorías filosófico-políticas sobre la justicia global. En la segunda parte utilizamos un análisis deductivo analítico, por medio del cual establecemos relaciones entre el caso concreto de las actividades extractivas y la teoría de la justicia global. En la tercera parte procedemos a un análisis cualitativo empírico (L’Écuyer 1990, 106), que nos permite identificar algunos casos relacionados con conflictos socioambientales en los que se transgredieron los derechos humanos. Se prosigue con una interpretación obtenida directamente de un análisis cualitativo (L’Écuyer 1990, 109) por medio del cual se evalúa la eficiencia de los remedios jurídicos desde el enfoque de los derechos humanos, y se explora la contribución del concepto teórico de justicia global en la mejor comprensión y resolución de este tipo de conflictos. Las fuentes que usamos provienen de una recopilación, revisión y procesamiento de información documental en la materia. Específicamente, se revisaron algunos casos de jurisprudencia de las cortes regionales de derechos humanos, datos empíricos de fuentes secundarias relacionados a la situación de violación de derechos humanos en distintos países, así como informes realizados por instituciones internacionales de derechos humanos y textos académicos.

A lo largo de este debate las autoras se preguntan en qué medida el concepto de justicia global puede contribuir a comprender y resolver mejor los conflictos socioambientales. La ecuación que vincula la idea del desarrollo con la práctica de las industrias extractivas ha sido puesta en duda, en la medida que las violaciones de los derechos humanos y ambientales se generalizan y quedan en la impunidad. Las discusiones sobre la justicia global planteadas por la filosofía política contemporánea inciden sobre tres ejes de discusión que pueden iluminar varias dimensiones de los conflictos socioambientales y las violaciones de los derechos humanos: el marco axiológico que fundamenta el concepto de justicia global, el carácter espacial de los conflictos socioambientales, la necesidad de una institucionalidad, normatividad y sanción de carácter global y la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos.

Un primer eje que aporta a la comprensión y solución de conflictos socioambientales tiene relación con el tipo de justicia global y el paradigma axiológico que debe sostener este concepto. Por encima de la utilidad pragmática del concepto de justicia global para la problemática socioambiental, destacamos el potencial explicativo del concepto de justicia global sobre las causas de los conflictos socioambientales y la violación de los derechos humanos vinculados a desbalances distributivos a nivel global. Si bien los debates que desarrollan Rawls y sus críticos orbitan sobre la justicia distributiva como aspecto central en la problemática ambiental, las múltiples dimensiones de los conflictos por los recursos y la naturaleza convierten en insuficiente esta concepción. Ello ha sido comprobado en algunos conflictos socioambientales que incluyeron violaciones a los derechos humanos, en los que se aplicaron mecanismos voluntarios de las empresas extractivas, centrados exclusivamente en una dimensión material. En ese sentido, un concepto de justicia global debe trascender el paradigma antropocéntrico distributivo, para recoger las preocupaciones interculturales y transgeneracionales sobre el ecosistema. La trascendencia global de estas reivindicaciones, a su vez, evitaría preocupaciones relacionadas con la identidad, el nacionalismo y la dependencia de países pobres que podrían sabotear la vigencia de la justicia global. Preguntarse por valores y principios como la dignidad, la equidad, la redistribución, el desarrollo, la igualdad de oportunidades, la propiedad, la participación, la representación, el reconocimiento, entre otros, tiene sentido sólo si están interrelacionados con la solidaridad transgeneracional, la integridad ecológica y el bienestar de la relación sociedad-naturaleza.

En el segundo eje relativo al carácter espacial de los conflictos, la discusión de la filosofía sobre la justicia global nos remite a tres ámbitos: el del individuo, el del Estado y el internacional. Los conflictos socioambientales entendidos como relaciones sociales respecto a la naturaleza, simbólicas y materiales, opuestas e inequitativas, implican violaciones a los derechos humanos que vinculan los ámbitos antes mencionados. En ese sentido, para la resolución de los conflictos y el establecimiento de las responsabilidades por la transgresión de los derechos humanos, la justicia global debe tener como norte el espacio transnacional.

Finalmente, el tercer eje de discusión asociado a la responsabilidad por las injusticias y la necesidad de una institucionalidad y normatividad global requiere tomar en cuenta la perspectiva multiescalar. En ese sentido, los teóricos de la justicia global señalan la necesidad de establecer estructuras supranacionales que promuevan la democracia y el respeto de los derechos humanos, haciendo imprescindible la participación y la adopción colectiva de decisiones. Los académicos que advierten sobre las deficiencias de los mecanismos existentes en los sistemas de derechos humanos –particularmente, en la determinación y judicialización de las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos– consideran imprescindible redefinir las responsabilidades a la luz de un concepto de justicia global y del carácter «glocal» de los conflictos socioambientales que trasciende los límites subnacionales. En la actualidad los organismos internacionales de los derechos humanos vienen explorando diversos mecanismos voluntarios y de soft law para la regulación de las industrias extractivas en espacios institucionales internacionales, aunque su incapacidad para hacer efectiva la responsabilidad corporativa y su preocupación centrada en la justicia distributiva suele obliterar otras dimensiones de la justicia ineludibles para las víctimas. Algunas propuestas para prevenir conflictos y establecer la responsabilidad corporativa frente a la trasgresión de derechos humanos, reclaman el fortalecimiento de ámbitos regionales donde los Estados no solo comparten valores comunes, sino también instrumentos normativos internacionales y regionales. La contribución de un concepto integral de justicia global, que trascienda espacios y materias particulares, puede efectivamente contribuir a la comprensión y la prevención los complejos conflictos socioambientales actuales, en la perspectiva de proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos.

“La principal causa de los conflictos socioambientales en el mundo tiene como corolario la mercantilización y explotación de la naturaleza.”

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