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MÉXICO, PAÍS EN AL CON MAYOR SISTEMA DE DETENCIÓN MIGRATORIA

México, país en AL con mayor sistema de detención migratoria
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En 2021 fue el tercer país del mundo en recibir nuevas solicitudes de asilo, sólo después de Estados Unidos y Alemania; la crisis migratoria es una temática de urgente atención a escala mundial
13.05.2022 12.00 AM

México es el país latinoamericano que tiene el sistema de detención migratoria más amplio y fortalecido de la región, dijo Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM)

En la mesa de discusión Las caravanas migrantes en México y migración centroamericana y del Caribe, realizada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Fernández de la Reguera precisó que, comparado con otros países de Latinoamérica, México es el que tiene más centros de privación de libertad de personas en movilidad, con un total de 50, la mayoría de los cuales empezaron a construirse entre el 2000 y el 2010. Y en cuanto a la detención de migrantes, detalló que en 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a 307 mil 679 personas, 80.7% provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

En su disertación, la investigadora del IIJ-UNAM mencionó que las caravanas migrantes son un punto de inflexión importante para entender la securitización migratoria y la militarización de las fronteras a lo largo de todo México, donde a partir del 2019 la Guardia Nacional tomó facultades de verificación y control migratorio.

Aunque siempre ha habido caravanas, en 2018 se volvieron más masivas y públicas, y hoy en día muchas de ellas se conforman en territorio mexicano, por personas que llevan meses esperando su tarjeta de visitantes por razones humanitarias o su trámite de solicitud de condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Ante el hartazgo y la espera en condiciones precarias, las personas migrantes están organizando nuevas caravanas para “seguir de esta manera poniendo el tema en la agenda, generando presión y generando un grito de auxilio para que haya mejores mecanismos de asistencia humanitaria y de protección internacional”.

Las caravanas, continuó explicando la doctora, son una estrategia que encontraron para viajar de manera más protegida las personas que no pueden asumir los costos de pagar a un traficante. Es así que en las caravanas migran los más vulnerables: mujeres, mujeres con sus hijos, mujeres embarazadas, adolescentes no acompañados y personas de la tercera edad. Y quienes integran las caravanas, abandonan sus países de origen no sólo por la pobreza, sino también por la violencia criminal, la violencia de Estado e incluso la inseguridad alimentaria.

Al migrar de manera forzada, las personas que integran las caravanas necesitan protección internacional, lamentablemente el Estado mexicano reaccionó generando en 2019 todo un dispositivo de control y de securitización fronterizo y, con la llegada de la Guardia Nacional, se ha criminalizado a las personas migrantes.

El año pasado, apuntó la académica de la UNAM, se publicó la Observación general No. 5 del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que definió qué es una detención arbitraria, “y México cumple con todas estas características, porque hoy en México la detención migratoria es obligatoria, es generalizada, es sistemática y es automática”.

Si el Estado mexicano operativizara el principio pro personae, al que está obligado, las detenciones debieran tratarse como faltas administrativas, porque entrar a México de manera irregular no es un delito, y deberían tener un plazo de 36 horas, como estipula la Constitución. Sin embargo, hay personas que han estado detenidas hasta 10 meses en una estación migratoria –que contraviene el derecho a la libertad que estipulan los mecanismos de derecho internacional-, donde las condiciones son más precarias y violatorias de los derechos humanos que en las cárceles.

Por otra parte, Alethia comentó que desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra en funciones de verificación y control migratorio junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que ha creado un cinturón de contención, detención y deportación. Como dato, indicó que la Encuesta Nacional en Estación Migratoria sobre Condiciones de Viaje en México 2021, realizada en agosto y septiembre de 2021 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muestra que el 37% de las detenciones suceden en el transporte público.

Asimismo, la presencia de la Guardia Nacional en las acciones de control y verificación, así como de resguardo de las estaciones migratorias y estancias provisionales, genera impactos importantes en las mujeres, niñas y adolescentes.

Pese a no tenerse criterios homologados para monitorear la manera en que la Guardia Nacional está llevando a cabo las revisiones migratorias, “lo que sí sabemos es que tenemos casos de serias violaciones a los derechos humanos, especialmente agresiones físicas y sexuales contra mujeres, por parte de personal de la Guardia Nacional”. Pero el acceso a la justicia y a la protección internacional se obstaculiza porque las personas migrantes son deportadas sin haber sido identificadas como posibles víctimas de delito.

En conclusión, Alethia Fernández de la Reguera Ahedo destacó tres puntos:

-A partir de las caravanas de migrantes de 2018 se consolidó la militarización del control migratorio, con efectos negativos para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.

-La política migratoria en México está focalizada en la detención migratoria arbitraria, lo que genera impactos negativos para el acceso a la protección internacional.

-Al priorizar la detención y deportación, las medidas de protección internacional estipuladas en el marco legislativo se activan de manera reactiva, parcial y casuística.

La mesa de discusión Las caravanas migrantes en México y migración centroamericana y del Caribe formó parte del día 2 La crisis migratoria en América: Venezuela y Centroamérica, del congreso internacional Crisis migratoria en Europa y América a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, aseguró que el fenómeno de las migraciones demanda atención urgente a escala mundial, razón por la cual se fortalece la interacción con el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (OSIDH), con sede en esa entidad académica.

En su mensaje durante la inauguración del “Congreso internacional crisis migratoria en Europa y América a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, convocado por el IIJ, explicó que se trata de una iniciativa en la que realizamos un esfuerzo institucional, mediante la presencia de expertos en la materia; por ejemplo, en Tijuana, Baja California, contamos con la Estación Noroeste de Investigación y Docencia que inició actividades permanentes.

Se dedica, entre otros aspectos, al fenómeno y los retos propios de las dinámicas fronterizas. Los estudios multidisciplinarios que ahí se realizan, con un enfoque jurídico, tienen la meta de conocer y proponer soluciones a esas problemáticas, comentó Salazar Ugarte en el evento que se realizó en formato híbrido.

En el encuentro, también organizado por la Universidad Iberoamericana, el rector de esta institución educativa, Luis Arriaga Valenzuela, se refirió al Informe sobre Migraciones en el Mundo 2022 publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, el cual estimó que en 2020 había en el mundo 281 millones de personas en esa situación, porcentaje bajo de la población mundial, ya que sólo representa 3.6 por ciento.

La mayoría de las personas, 96.4 por ciento, vivía en su país natal. “Considerando estas cifras es importante eliminar las percepciones basadas en el temor o en las supuestas amenazas ocasionadas por la magnitud de la migración forzada”, abundó.

Más bien, prosiguió, se requiere llevar a cabo estudios basados en evidencia, datos e información que ayuden a caracterizar mejor el fenómeno, y pensar en respuestas viables para su atención. En esto podemos colaborar las universidades y lo estamos haciendo, establecieron los participantes.

En el mundo globalizado se abren las fronteras a los capitales, inversiones, bienes y servicios, pero no necesariamente a los seres humanos; a los migrantes se les ve como una amenaza.

Es necesario combatir discursos xenofóbicos que aparecen fundados en afirmaciones que no encuentran respaldo en la realidad. “Una de las consecuencias más graves de este tipo de narrativas es que suelen afirmar que las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, son peligrosas, y se les pone el sello de delincuentes, lo cual es absurdo”, sostuvo.

A su vez, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri, manifestó que el año pasado México fue el tercer país del mundo en recibir nuevas solicitudes de asilo, sólo después de Estados Unidos y Alemania.

Opinó que la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia, y el conocimiento y la difusión de la evidencia pueden ser los mejores amigos de la inclusión. “Por eso son tan importantes este tipo de foros”.

“Ni nosotros como organismos internacionales, ni los Estados, la comunidad o la sociedad en su globalidad están haciendo un acto de caridad al responder o solucionar e integrar a personas refugiadas, sino que estamos contribuyendo a restituir derechos violados”.

ACNUR trabaja con otras instituciones en un programa de integración de refugiados y ellos se convierten en personas que aportan a la sociedad. Con sus trabajos formales, el recaudo fiscal es de más de 100 millones de pesos anuales, destacó Lepri.

En torno a las mal llamadas caravanas de migrantes se ha creado una imagen de peligro, del refugiado como una amenaza, cuando en realidad es una persona amenazada que tuvo que huir de sus tierras, advirtió.

En su oportunidad, José María Porras Ramírez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y director de la Cátedra Jean Monnet sobre Migraciones, asilo y refugio de la Unión Europea, explicó que la integración de los migrantes y extranjeros naturalizados conlleva una apuesta decidida por la interculturalidad.

La construcción de sociedades más inclusivas garantiza el bienestar de largo plazo y la estabilidad de las economías, y además empodera a quienes se encuentran en situación de desventaja y hace que las sociedades fragmentadas en las que vivimos se cohesionen.

Pero eso requiere ofrecer igualdad de oportunidades, luchar contra las diversas formas de discriminación y garantizar el acceso a empleo, vivienda, sanidad y demás servicios sociales para que todos, sin importar su origen o procedencia, disfruten de derechos, concluyó.

En el auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana, también participaron el presidente de la Corte Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique; y la directora del OSIDH Magdalena Cervantes Alcayde. El foro concluirá el 6 de mayo.

“En las caravanas migran los más vulnerables: mujeres, mujeres con sus hijos, mujeres embarazadas, adolescentes no acompañados y personas de la tercera edad.”

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